Un juez federal ordenó este martes a la administración del expresidente Donald Trump restablecer la financiación a la Voz de América (VOA), Radio Free Asia y otros servicios informativos financiados por el Congreso de los Estados Unidos.
La decisión judicial argumenta que el intento de cierre violó claramente la ley, y protege el rol de estos medios como instrumentos de diplomacia pública y de acceso a información objetiva en regiones donde la libertad de prensa está restringida.
El juez Royce Lamberth, del Tribunal de Distrito para el Distrito de Columbia, emitió una orden preliminar que obliga al restablecimiento de operaciones y al retorno de empleados y contratistas a sus puestos, mientras el caso se dirime en los tribunales.
La medida responde a una demanda presentada por trabajadores de estos medios, que denunciaron una interferencia política directa y contraria a los estatutos legales que rigen la agencia.
El intento de desmantelamiento
La controversia comenzó el 14 de marzo, cuando el entonces presidente Trump firmó una orden ejecutiva que buscaba eliminar por completo el financiamiento de estos medios públicos internacionales, que operan bajo la Agencia de Estados Unidos para los Medios Globales (USAGM).
Al día siguiente, su asesora Kari Lake comenzó a emitir instrucciones para cortar la financiación asignada por el Congreso, provocando una inmediata parálisis operativa.
Medios internacionales afectados en contextos vulnerables
VOA, Radio Free Asia y Alhurra —una cadena en lengua árabe— desempeñan un papel estratégico en la difusión de noticias confiables en países donde la libertad de prensa está ausente o limitada, como Corea del Norte, China o algunas naciones del Medio Oriente.
Según el juez, el cierre de estas plataformas no solo carece de sustento legal, sino que también contradice directamente los principios establecidos por el propio Congreso, que exige que la información difundida por estos medios sea “precisa, objetiva y completa”.
Fundamentos legales del fallo
En su decisión, Lamberth dejó claro que la ley solo autoriza a USAGM a redirigir hasta un 5% de sus fondos entre programas, no a recortar de forma “drástica” como intentó hacerlo la administración Trump.
“Ciertamente, ninguna ley faculta a la agencia para recortar los fondos en el grado drástico que se alega”, escribió.
Además, el magistrado calificó como “sin precedentes” el intento de silenciar completamente a la Voz de América, una institución con más de ocho décadas de historia. “Los demandados han silenciado a la VOA por primera vez”, subrayó en su escrito. Lamberth también exigió que la administración Trump proporcione informes mensuales sobre el cumplimiento de la orden judicial.
