La ciudad de Doral, en el condado de Miami-Dade, aprobó esta semana una resolución que podría transformar la relación entre su fuerza policial y la comunidad migrante. El Concejo Municipal sancionó la Resolución No. 25, que habilita al gobierno local a negociar un acuerdo de cooperación con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), encendiendo las alarmas entre los más de 33% de venezolanos que residen en la ciudad.
El paso dado por Doral se inscribe en el marco del programa federal 287(g), que permite a fuerzas policiales locales asumir funciones migratorias. Aunque el memorando de entendimiento aún no ha sido firmado, el aval para avanzar en las negociaciones marca un punto de inflexión en la política migratoria local.
La medida tiene sustento legal en la Ley de Reforma de Inmigración Ilegal de 1996 y se apoya también en recientes iniciativas estatales promovidas por el gobernador Ron DeSantis, quien ha endurecido la postura de Florida frente a la inmigración.
Impacto en la comunidad migrante
La resolución genera inquietud en una ciudad donde más del 70% de los residentes nacieron fuera de Estados Unidos. Defensores de los derechos de los migrantes advierten que esta colaboración podría traducirse en prácticas discriminatorias y perfiles raciales, afectando a comunidades como la venezolana.
El alcalde de Doral, Christi Fraga, reconoció la complejidad moral de la decisión, asegurando que el objetivo es “servir y proteger a todos los habitantes”. Por su parte, el jefe de policía Edwin López insistió en que, por ahora, su departamento no ha recibido instrucciones de actuar en operativos migratorios.
Contexto político y próximos pasos
El concejal Rafael Pineyro, de origen venezolano, manifestó su preocupación por un uso indebido de la medida y subrayó que no se otorgará un “cheque en blanco” para aplicar la política de forma indiscriminada.
La decisión de Doral se da en un contexto donde varias ciudades de Miami-Dade ya han establecido vínculos con el ICE. Además, el municipio ha solicitado más de 2,7 millones de dólares al estado para reforzar su fuerza policial.
Aunque la resolución no implica una implementación inmediata, su sola aprobación marca el inicio de un proceso que podría alterar significativamente la vida de miles de migrantes en el sur de Florida.
