Un año ha transcurrido desde la detención arbitraria del periodista y defensor de derechos humanos Carlos Julio Rojas, sin que su causa judicial avance ni se respeten sus derechos fundamentales. Así lo denunció la organización Espacio Público, que en conversación con Infobae detalló las condiciones en las que permanece el comunicador dentro de la sede del SEBIN en El Helicoide, Caracas.
Rojas fue arrestado el 15 de abril de 2024 mientras caminaba junto a su esposa en La Candelaria. Dos hombres encapuchados y sin identificación lo obligaron a subir por la fuerza a una camioneta gris. Horas más tarde, el fiscal general Tarek William Saab anunció en redes sociales que Rojas estaba detenido por su presunta participación como “instigador” y “operador logístico” en un supuesto intento de magnicidio contra Nicolás Maduro.
Desde entonces, permanece en una celda con 14 personas, sin acceso a defensa privada y sin avances judiciales visibles. Diversas organizaciones internacionales consideran su situación como una detención arbitraria de alto riesgo y han exigido al Estado venezolano el respeto a las garantías del debido proceso.
El periodista se le acusa de varios cargos
Francy Fernández, abogada y esposa del periodista, ha sido testigo directa del deterioro emocional y físico que ha traído el encarcelamiento. Lo visita al menos tres veces por semana, aunque en una ocasión se le negó el derecho de visita durante 21 días como represalia por exigir el cumplimiento de las garantías mínimas para su pareja.
“Ha sido un año fatal en lo emocional, psicológico y económico”, relató. “Carlos Julio es un preso de conciencia. Está detenido por decir la verdad, por denunciar lo que está mal y ejercer su derecho a informar”.
Según Fernández, Rojas comparte espacio con uno de sus acusadores, quien difundió un video para incriminarlo. “He pedido que lo separen, pero no escuchan. Hay una intención clara de quebrarlo”, denunció.
La acusación oficial contra el periodista incluye terrorismo, tentativa de magnicidio y financiamiento ilícito, bajo el argumento de que habría participado en una marcha opositora y recibido dinero de la líder política María Corina Machado. “Todo eso es completamente falso”, respondió su esposa.
Un patrón de persecución
Esta no es la primera vez que Rojas es encarcelado. En 2017, fue recluido en la cárcel militar de Ramo Verde, de donde salió bajo medidas cautelares. Su actual detención refuerza un patrón de persecución contra la prensa independiente y activistas por los derechos humanos en Venezuela.
“Carlos Julio lo único que ha hecho es recordarle al Estado qué está bien y qué no. No voy a dejarlo solo. Esta es nuestra lucha”, afirma Fernández con firmeza.
Organizaciones como Espacio Público, el Colegio Nacional de Periodistas y Amnistía Internacional han pedido su liberación inmediata, mientras que el gobierno de Nicolás Maduro mantiene silencio sobre las denuncias.
Silencio oficial y exigencia internacional
A pesar del llamado de organismos nacionales e internacionales, el Estado venezolano no ha ofrecido información pública detallada sobre el estatus legal de Rojas, ni ha respondido a las acusaciones de retardo procesal y maltrato.
Mientras tanto, su esposa reitera su decisión: “No es el momento para salir corriendo. Me quedo porque creo en la verdad y porque Carlos Julio merece justicia”.
