A menos de dos meses de las elecciones regionales y legislativas del 25 de mayo, la incertidumbre y la desconfianza se mantiene entre los electores del estado Lara por la opacidad del Consejo Nacional Electoral (CNE), que aún adeuda los resultados electorales del 28 de julio de 2024.
El debate entre quienes insisten en participar en las elecciones regionales y legislativas y quienes consideran que la abstención es la respuesta válida divide a la dirigencia de la oposición democrática.
El peso de los resultados cuestionados y la opacidad
Organizaciones internacionales han cuestionado la veracidad de los resultados oficiales de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024.
El pasado 18 de marzo, la Misión de Determinación de Hechos para Venezuela de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) reveló en su informe ante el Consejo de Derechos Humanos que han recibido “testimonios creíbles y corroborados de que miembros del Consejo recibieron instrucciones políticas para anunciar un resultado distinto al que se obtuvo en las urnas”, afirmó Marta Valiñas, presidente de la Misión.
Por otra parte, en el informe del Centro Carter sobre los comicios presidenciales en Venezuela, publicado el 17 de febrero de 2025, la organización detalló que “en la noche de las elecciones y después, el Centro no tuvo acceso a información detallada del CNE sobre los resultados electorales. Esto no estaba en línea con el Memorando de Entendimiento acordado antes del despliegue de la misión”, destaca el documento.
Desde la mirada del politólogo Piero Trepiccione, las presidenciales “dejaron más dudas que certeza”. «Hay una deuda de carácter legal, es decir, de cumplimiento cabal de la ley que establece la publicación de resultados desagregados por entidad federal, por centro de votación, por mesa de votación, y esa es una deuda que está allí abierta y que ha generado un impacto político importante en la sociedad larense», subrayó.
En el estado Lara el electorado se mantiene escéptico frente al debate sobre acudir a las urnas o si la participación reforzaría el poder oficial.
Hasta ahora la intención de participar es reducida, observa Trepiccione. “Podemos estar hablando de un impacto de hasta un tercio de la población electoral”, pues hay «cabos sueltos y narrativas que tienen que construirse».
Además, destacó que factores como las condiciones electorales, las negociaciones en curso y la actuación de los candidatos influirán en la movilización ciudadana. «Dependiendo de estos factores, los niveles de participación pueden verse promovidos o, por el contrario, reducidos», advirtió.
También resaltó que tanto los actores políticos internos como los geopolíticos globales juegan un papel clave en la definición del escenario electoral.
Divisiones en el electorado larense
Las posiciones de las y los ciudadanos van de un extremo a otro. Luis Patiño, residente de Barquisimeto, manifestó su desconfianza en el proceso electoral y aseguró que acudir a las urnas el 25 de mayo contribuiría a perpetuar la corrupción.
«El CNE no ha publicado las actas electorales del 28 de julio y dudo que lo hagan en algún momento. Yo opino que no se debe votar porque siempre seguiría la corrupción. ¿Y cuándo se acaba la corrupción? Si la oposición participa en estas elecciones, está legitimando esto», afirmó.
Por el contrario, una larense, que prefirió no identificarse, sostuvo que, pese a la desconfianza en el CNE, la participación es fundamental para lograr el cambio político.
“Sabemos que el CNE no es confiable y es poco probable lograr una organización como la del 28 de julio con tantos testigos y miembros de mesa presos; pero aunque no estemos conformes, no podemos ceder más espacios o será peor», dijo al ser consultada.
«¿Votar cómo está el país? Hay muchos que dicen que sí, otros que dicen que no. Yo te diría que estas elecciones no servirán para cambiar el país. Es fuerte, pero no creo que sea correcto votar», expresó otro ciudadano que prefirió mantenerse en el anonimato.
Las implicaciones políticas de la desconfianza electoral
La presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado (UCLA), Deborah Velásquez de Valecillos, sostiene que no se puede abrir otro proceso electoral cuando se incumplió con el reglamento tras los comicios del 28 de julio de 2024. “Hay que reivindicar la fecha, los ciudadanos necesitamos que esa fecha sea reivindicada porque participamos todos”, afirmó.
La politóloga Ingrid Jiménez señaló que la incertidumbre tras el 28 de julio ha reducido aún más el interés en estos comicios regionales, los cuales por su propia naturaleza convocan menor participación que las presidenciales.
«Para un sector de la oposición, hay una vinculación directa entre el 28 de julio y esta elección regional, y para ellos significaría legitimar los resultados oficiales del 28 de julio», explicó.
Esta interpretación, en su opinión, es errónea, ya que son dos procesos distintos y participar en los comicios del 25 de mayo no implica reconocer los resultados presidenciales.
Jiménez también subrayó el impacto de la abstención en la articulación ciudadana, desmovilización que le da más poder al gobierno nacional. «La consecuencia de abstenerte es una mayor desmovilización por parte de la sociedad civil”, dijo Jiménez, quien insistió en que “justamente una de las funciones de las elecciones es la rearticulación, el diálogo y la discusión entre la sociedad civil”.
Lorenzo Monasterios, presidente de Un Nuevo Tiempo Lara, coincide en que la abstención beneficiaría al partido gobernante. “El gobierno haría una fiesta si la abstención le facilitara a lograr cargos de elección popular, porque el gobierno está tan mal visto por los larenses que lo único que les podría ayudar es la abstención”, dijo Monasterios.
«A menos de dos meses el CNE no ha informado a las organizaciones acerca de los circuitos de votación, los centros electorales ni las cuotas de paridad que se deben cumplir», señaló.
El estado Lara se encuentra en un momento decisivo, en el que predomina la incertidumbre y el escepticismo en el electorado, mientras la oposición debate su estrategia ante un CNE que no genera confianza en los ciudadanos.
