Trabajo de www.talcualdigital.com
Familiares de presos en el contexto poselectoral escribieron e intentaron dejar en Miraflores una carta a Nicolás Maduro para denunciar las condiciones de reclusión que enfrentan sus seres queridos y las graves violaciones a los derechos humanos tras «detenciones injustas».
En el documento, exigieron a las autoridades competentes que «revisen sus expedientes y les concedan a la mayor brevedad su merecida libertad» a unas 300 personas, la mayoría permanece en la cárcel de Tocorón (estado Aragua) y otros en centros de detención preventiva. Afirmaron que «no son terroristas ni delincuentes».
Sin embargo, la carta no pudo ser entregada en Miraflores por el racionamiento eléctrico. Funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), que impidieron a la movilización ir más allá de una cuadra, prometieron acompañar a una comisión de cuatro madres el miércoles 9 de abril a las 8:00 a.m. para hacer entrega del documento.
Quienes salieron a protestar este 8 de abril, por primera vez cerca de la sede de Gobierno, explicaron que muchas de las personas que siguen detenidas «ni siquiera participaban en las protestas, ni cometieron delito en flagrancia, ni existía sobre ellas orden judicial». Añadieron que muchos de ellos fueron víctimas de desapariciones forzadas de corta duración y que hasta les robaron sus pertenencias como dinero, teléfonos celulares y hasta motocicletas.
Otras de las denuncias en las que insistieron los allegados de estos presos políticos no solo fueron las irregularidades judiciales como audiencias colectivas vía telemática, defensa pública sin contacto con los detenidos y sus familiares y negación a la defensa privada, sino también las condiciones inhumanas dentro de Tocorón: «La comida que reciben está descompuesta o con exceso de picante. Se han enfermado de gastritis, dengue, infecciones urinarias. Han perdido peso, se les priva del uso de sábanas, se les propinan castigos físicos, mojándolos con agua fría y encerrándolos en celdas pequeñas», afirmaron.
Condiciones precarias
En la carta a Maduro se detalló que principalmente son las mujeres de cada familia las que se encargan de velar por los detenidos y enfatizan que en su mayoría son de sectores populares. «Desde hace ocho meses muchas de nosotras vivimos cerca del penal, en condiciones precarias, para poder estar cerca por si ocurre una emergencia», contaron.
No obstante, denunciaron que las precarias condiciones económicas más la escalada del dólar en el país les ha agravado las condiciones, lo que en algunos casos ha impedido visitar y enviar la paquetería al detenido. Sumaron el deterioro de su salud: «Varias de nosotras hemos visto fuertemente afectada nuestra salud, principalmente con subidas de tensión, depresión y dolores lumbares».
Yuleidy López es un ejemplo del deterioro de la salud de los familiares: Dijo que tras la detención de sus hijos en Nueva Esparta y el traslado a Tocorón, a su esposo le dio un principio de infarto y a ella una ACV (accidente cerebrovascular) emocional más otras dolencias. «Nicolás Maduro, póngase la mano en el corazón y dele libertad a nuestros hijos», suplicó.
A López le liberaron un hijo y el otro permanece encarcelado. Ella se mudó a Tocorón para poder estar cerca de su hijo y hasta perdió su empleo en el Hospital Luis Ortega de Nueva Esparta.
Por su parte, Jorge Luis Pérez Mesa, hermano de Carlos Alfredo Pérez Mesa, condenó que a los detenidos solo se les pueda llevar para comer galletas y un chocolate. «Mi hermano ha perdido más de 25 kilos y verlo en el estado que se encuentra es indignante», indicó e hizo un llamado a Maduro y al fiscal Tarek William Saab para que «se aboquen a revisar todos los casos pendientes para que salgan en libertad».
Jorgé Pérez también criticó que los presos comunes de Tocorón reciban un trato preferencial. Relató que a ellos se les permite el ingreso de «mucha paquetería» y a los presos políticos solo galletas, chocolate y una sola comida.
Los familiares manifestaron estar preocupados porque desde el pasado mes de marzo no se producen nuevas excarcelaciones, lo que aseveraron «va dejando una huella de desgaste físico, económico y emocional sobre nuestros seres queridos».
El documento para el Ejecutivo estableció un paralelismo con las deportaciones de venezolanos desde Estados Unidos hacia El Salvador, criticada por Nicolás Maduro y sus funcionarios por violar los derechos humanos de estos ciudadanos.
«Con la misma vehemencia con la que se denuncia esas injusticias, pedimos que se vele por nuestros familiares y se logre su pronta liberación», expusieron.
«Así como están apoyando a los de El Salvador, pedimos que apoyen a los presos políticos de aquí; nada más en Tocorón hay 300, más los de El Helicoide y otros centros», sumó Luisa Barrios.
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