El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) exigió atención médica urgente y especializada para el periodista José Gregorio Camero, detenido desde el 3 de agosto de 2024, en el contexto de las protestas postelectorales.
La denuncia fue difundida a través de la red social X, donde la organización compartió un video en el que Egda Graterol, esposa del comunicador, hace un llamado directo al gobierno venezolano y al fiscal general Tarek William Saab.
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Condiciones de salud críticas
En el mensaje, Graterol denuncia el deterioro progresivo del estado de salud de su esposo, quien, según informes forenses en poder de su defensor público, padece de “problemas cardíacos” que requieren atención médica inmediata.
La detención de Camero, considerada arbitraria por sus familiares y organizaciones defensoras de derechos humanos, se produjo en medio de la agitación política tras las elecciones presidenciales de julio de 2024.
“No hemos obtenido ninguna respuesta de los entes a los que hemos acudido”, expresó Graterol, mientras explicaba que la salud de su esposo “se ha ido deteriorando en los últimos meses”.
A pesar de los reiterados llamados de su familia y la existencia de diagnósticos médicos que constatan su frágil condición, las autoridades venezolanas han ignorado los pedidos de una medida humanitaria.
Exigen defensa privada
El OVP exigió que Camero pueda contar con un abogado de su confianza, en lugar del defensor público asignado, y reiteró la necesidad de su liberación inmediata y sin restricciones.
La ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP), urgió al gobierno venezolano a implementar “medidas urgentes” para garantizar el respeto a los derechos humanos de todos los ciudadanos detenidos por razones políticas.
“La grave situación que enfrentan los detenidos pone también en riesgo a los familiares, quienes viven en un estado constante de zozobra”, advirtió la organización.
Trabajadores de la prensa detenidos
Actualmente, según datos del Colegio Nacional de Periodistas (CNP), al menos 12 trabajadores de la prensa se encuentran detenidos en Venezuela bajo condiciones calificadas como arbitrarias.
Esta cifra forma parte del alarmante total de 901 presos políticos registrados por la ONG Foro Penal hasta el 2 de abril, entre los que se cuentan 167 militares y cinco adolescentes.
El pasado mes, un grupo de más de 30 familiares de presos políticos acudió a la sede de la Oficina del Coordinador Residente de la ONU en Caracas para denunciar la falta de respuesta del Estado venezolano ante solicitudes fundamentales: atención médica, acceso a defensa privada, revisión de causas judiciales, visitas familiares sin restricciones y cese de traslados arbitrarios.
A pesar de haber superado los plazos legales establecidos, las autoridades no han emitido ninguna respuesta oficial.
