La situación de los derechos humanos en Venezuela no para de agravarse, pronunciamiento que visibiliza la ONG, Acceso a la Justicia en su análisis, de lo expresado por la Organización de las Naciones Unidas.
En efecto, así lo denunció la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), que afirmó que en el país «las detenciones arbitrarias (…) desapariciones forzadas continúan», «no se respeta ni garantiza la independencia del Poder Judicial», y «la legislación antiterrorista sigue utilizándose ampliamente para enjuiciar y detener a personas, violando las garantías del debido proceso y de un juicio justo, incluido el derecho a elegir su propia defensa».
Sin embargo, a lo anterior hay que agregarle un factor que está facilitando la comisión de dichas violaciones a las garantías fundamentales: el miedo.
En su actualización oral ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), la alta comisionada adjunta, Nada Al-Nashif, reveló la existencia en Venezuela de «un clima de miedo, intimidación y persecución [que] está silenciando a las personas defensoras de derechos humanos, periodistas y otras personas percibidas como voces disidentes, y limitando el ejercicio de la libertad de expresión».
Esta situación también fue denunciada por la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos para Venezuela (MIIDHV) de la ONU, que en su actualización oral que presentó días antes ante la misma instancia expuso que «varias fuentes se muestran reticentes a proporcionar información a la Misión por temor a represalias, tras haber recibido advertencias de las autoridades».
Menos espacio
El clima de miedo reinante en Venezuela se ha construido poco a poco, en los últimos años a través de los cada vez más frecuentes ataques de la autoridades, detenciones arbitrarias o amenazas contra activistas, opositores o ciudadanos percibidos como tales.
Sin embargo, la aprobación, por parte de la Asamblea Nacional (AN), de leyes como la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones no Gubernamentales y Organizaciones Sociales sin Fines de Lucro (Ley Antisociedad) o la Ley Libertador Simón Bolívar contra el Bloqueo Imperialista y en Defensa de la República no han hecho más que reforzar este ambiente al imponer unas condiciones «no claras y [que] son extremadamente onerosas» para poder operar, explicó Nashif al Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Por ello, la alta comisionada adjunta instó a las autoridades venezolanas a que deroguen «toda legislación que restrinja indebidamente los derechos a la libertad de expresión y de asociación» y les recordó que «deben tomar medidas para garantizar un espacio cívico abierto e inclusivo, que es crucial para restablecer la confianza y la cohesión social».
Como se recordará, la Ley Antisociedad establece una serie de nuevos trámites a las organizaciones civiles para poder seguir operando, pues de lo contrario se arriesgan a ser sancionadas e incluso clausuradas. El texto también confiere al ministro de Interior, Justicia y Paz la potestad de suspender temporalmente a una organización sospechosa de incumplir alguno de los mandatos del instrumento.
Por su parte, la Ley Simón Bolívar abre las puertas a la «muerte civil» a los sospechosos de solicitar o respaldar sanciones internacionales a funcionarios o exfuncionarios por violar derechos humanos o estar implicado en casos de corrupción. Activistas y organizaciones civiles son mencionados expresamente en la norma.
No se puede olvidar además que el proyecto de Ley contra el Fascismo, Neofascismo y Expresiones Similares que reposa en el Parlamento también prevé sanciones para las organizaciones civiles que hagan «apología del fascismo». Sin embargo, el concepto de fascismo previsto en el borrador incluye posturas que deberían tolerarse en toda democracia, como lo son «el conservadurismo moral» y «el neoliberalismo».
El panorama antes descrito explica por qué en 2023 la organización Civicus rebajó la calificación del espacio cívico de Venezuela de Represivo a Cerrado, lo que se mantuvo en 2024.
Una mejora que no se ve
La alta comisionada adjunta puso en tela de juicio la versión oficial sobre la supuesta recuperación de la economía, al afirmar que su despacho constató que «la población venezolana sigue enfrentando desafíos significativos para acceder a servicios de salud, trabajo decente y un nivel de vida adecuado».
Esto reportó al respecto:
«Continúan los informes sobre la falta de medicamentos y suministros médicos vitales en un sistema público de salud que ya carece de personal suficiente. Según los informes, la mayoría de los pacientes y sus familias no pueden cubrir el costo de los medicamentos y, a menudo, se les pide que lleven sus propios suministros a las cirugías».
Y agregó que «Los ingresos de las personas venezolanas siguen siendo insuficientes para que muchos puedan llegar a fin de mes».
Y a ti venezolano, ¿cómo te afecta?
La actualización oral de la alta comisionada adjunta de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expone los efectos perniciosos que la censura y la autocensura están teniendo para los derechos humanos en Venezuela. Ya no son solo periodistas y medios los que se abstienen de reportar determinados hechos, sino que los activistas y organizaciones e incluso las víctimas de violaciones de derechos humanos tampoco quieren reportarlos.
La denuncia es el primer paso para combatir la impunidad, pero la documentación es fundamental para asegurar la justicia en un futuro. Si el miedo se apodera de los venezolanos, las violaciones a los derechos humanos no harán más que profundizarse.
