El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela, controlado por el régimen de Nicolás Maduro, ha ratificado que los chats de WhatsApp pueden ser utilizados como evidencia en los procesos judiciales del país. Con esta decisión, los mensajes de texto, audios, llamadas, fotos y videos enviados a través de la aplicación de mensajería tendrán valor probatorio en juicios civiles, mercantiles y bancarios.
El fallo del TSJ se basa en el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, que reconoce la validez de documentos públicos y privados dentro de un juicio. La Sala de Casación Civil del máximo tribunal estableció que los mensajes de datos impresos tienen el mismo valor que las copias o reproducciones fotostáticas simples, lo que significa que su contenido podrá ser presentado como prueba y, a su vez, refutado por la parte contraria.
“El mensaje de datos impreso tendrá la eficacia probatoria de las copias o reproducciones fotostáticas, y su contenido podrá ser desvirtuado a través de cualquier otro medio de prueba regulado”, señala la sentencia número 19 de la Sala de Casación Civil.
La ratificación llega como respuesta a un caso judicial iniciado en 2020 en el estado Monagas, donde conversaciones de WhatsApp fueron utilizadas como prueba en un litigio sobre un supuesto convenio de crédito que fue falsamente presentado como un acuerdo de compraventa de un inmueble. En aquel proceso, el tribunal determinó que los mensajes intercambiados entre la demandante, su hija y el demandado evidenciaban que el acuerdo no era real, por lo que anuló el argumento de compraventa.
Riesgos de falsificación
La organización Acceso a la Justicia considera que el uso de mensajes electrónicos y pruebas digitales en los procesos judiciales «puede servir como guía para jueces y abogados en casos similares«. Sin embargo, también advierte sobre los riesgos de manipulación o alteración de este tipo de pruebas digitales en un sistema judicial que ha sido cuestionado por su falta de independencia.
Casos similares han ocurrido en otros países de la región. En Colombia, la Corte Constitucional determinó en julio de 2024 que los mensajes de WhatsApp tienen la misma fuerza probatoria que los documentos escritos, siempre que cumplan con requisitos de autenticidad, integridad y confiabilidad.
En su fallo, la Corte colombiana estableció que este tipo de pruebas digitales deben obtenerse respetando las garantías procesales, asegurando que la información no haya sido alterada y presentándola de manera clara e íntegra.
La decisión del TSJ venezolano abre el debate sobre la validez de la evidencia digital en un contexto donde los derechos judiciales han sido constantemente cuestionados. Aunque el fallo podría facilitar el uso de pruebas tecnológicas en los tribunales, su aplicación dependerá del respeto a las garantías procesales y de la transparencia en el manejo de la información.
