La reciente deportación de 238 venezolanos a una mega prisión en El Salvador por parte del gobierno de Donald Trump ha generado controversia y denuncias de violaciones al debido proceso. Entre los deportados, al menos 27 tenían solicitudes de asilo activas en Estados Unidos, según una investigación de Reuters.
Detenciones y deportaciones sin juicio
El operativo de deportación se llevó a cabo tras la invocación de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 por parte de Trump, con el argumento de que los deportados pertenecían al Tren de Aragua, una organización criminal venezolana designada como grupo terrorista por su administración.
Sin embargo, documentos judiciales y testimonios de familiares indican que muchos de los deportados no tenían antecedentes penales ni vínculos con pandillas. Algunos fueron arrestados en operativos sorpresa, mientras realizaban actividades cotidianas como asistir a sus trabajos o llenar el tanque de gasolina.
Errores en identificación y violaciones al debido proceso
Los reportes revelan que las autoridades utilizaron un sistema de puntos basado en tatuajes, vestimenta y otras señales externas para determinar la supuesta afiliación de los detenidos a grupos criminales. En varios casos, los tatuajes en cuestión eran homenajes a familiares o simples diseños artísticos.
La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) ha impugnado la legalidad del operativo, señalando que muchos de los deportados tenían audiencias programadas en tribunales de inmigración y no habían recibido órdenes de deportación.
Reacciones y apelaciones judiciales
La deportación masiva ha sido criticada por defensores de derechos humanos y abogados de inmigración, quienes argumentan que la falta de pruebas y el uso de criterios arbitrarios ponen en riesgo a personas inocentes.
La semana pasada, un tribunal de apelaciones de EE. UU. bloqueó el uso de la Ley de Enemigos Extranjeros para deportaciones, pero el gobierno de Trump ha apelado ante la Corte Suprema.
Mientras tanto, los familiares de los deportados exigen respuestas y justicia para quienes fueron enviados sin derecho a defensa a una de las prisiones más peligrosas de la región.
