Por: Eve Crowley
Representante Regional Adjunta de la FAO para América Latina y el Caribe
La crisis climática está intensificando la frecuencia y severidad de las sequías en América Latina y el Caribe, afectando gravemente la seguridad alimentaria, los medios de vida y los ecosistemas de la región. Sin embargo, las consecuencias de la sequía no impactan a todas las personas por igual.
Las mujeres y los grupos vulnerables, como niñas y niños, pueblos indígenas, juventudes, personas con discapacidad y adultos mayores, enfrentan barreras adicionales que limitan su capacidad de respuesta, adaptación y resiliencia. Es por esta razón que el principio de igualdad y el empoderamiento de las mujeres, en particular de las rurales, indígenas y afrodescendientes, en los planes nacionales de acción contra la sequía sigue siendo una asignatura pendiente.
El nuevo informe de la FAO de 2025, «Incorporación de la perspectiva de género en los planes nacionales de sequía» (en su traducción al español), destaca que la equidad entre mujeres y hombres no es solo una cuestión de derechos humanos, sino un factor clave para la eficacia de las políticas de gestión de esta problemática.
En el caso de las mujeres, quienes desempeñan un papel fundamental en la conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica en la creación de medios de vida resilientes y en la transformación de los sistemas agroalimentarios, a menudo tienen menor acceso a la tierra, el agua, el financiamiento y la capacitación, encontrándose más expuestas a los efectos producidos por el cambio climático.
Según el reporte de la FAO de 2024 “El clima injusto”, cada año, en los países de ingresos bajos y medianos, las jefas de hogar de las zonas rurales padecen pérdidas financieras significativamente mayores que los hombres. En promedio, los hogares encabezados por mujeres pierden un 8% más de sus ingresos debido al estrés térmico y un 3% más a causa de las inundaciones en comparación con los hogares encabezados por hombres. Esto se traduce en una reducción per cápita de 83 USD debido al estrés térmico y de 35 USD a causa de las inundaciones, para un total de 37.000 millones y 16.000 millones de USD respectivamente en todos los países de ingresos medios y bajos.
Asimismo, si las temperaturas promedio de 30 años aumentaran 1°C, estas mujeres enfrentarían una pérdida de ingresos totales un 34% mayor en comparación con los hombres. Ignorar estas inequidades que afectan en mayor medida a las mujeres socava su capacidad de respuesta, la de sus comunidades y limita la efectividad de las políticas públicas relativas al cambio climático y combate de sus efectos.
Los acuerdos internacionales suscritos por los países de América Latina y el Caribe reflejan la urgencia de abordar esta problemática. La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, el Acuerdo de París sobre Cambio Climático, la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación, el Acuerdo de Escazú, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y Beijing+30, han enfatizado la necesidad de integrar soluciones innovadoras, sistémicas, de largo alcance y con financiamientos en los planes y estrategias de acción climática.
Sin embargo, en la práctica, existen políticas, programas y planes nacionales de acción contra la sequía que aún carecen de esta mirada sobre las desigualdades y cómo solucionarlas, poniendo en riesgo la efectividad de sus resultados e impactos en la vida de las mujeres, sus familias y sus comunidades.
Por ello, la FAO trabaja apoyando a los países en el desarrollo e implementación de políticas, así como en el proceso de convertir sus Contribuciones Determinadas a nivel nacional en acciones concretas, que logren una incorporación efectiva del principio de igualdad y el empoderamiento de las mujeres en la gestión de la sequía, considerando tres acciones clave:
En primer lugar, la revisión y adaptación de los planes nacionales de acción contra la sequía. A través de la Política de Igualdad de Género de la FAO 2020-2030, la Organización establece lineamientos para fortalecer el empoderamiento y autonomía de las mujeres en las estrategias de gestión de sequía. Este marco busca garantizar que las mujeres tengan acceso a los recursos productivos, participen en la toma de decisiones y contribuyan activamente a la resiliencia climática.
En segundo lugar, la promoción de la participación equitativa en la toma de decisiones: garantizar que las mujeres, los Pueblos Indígenas y otros grupos en situación de vulnerabilidad tengan una voz activa en la formulación y aplicación de políticas de sequía. Esto implica la creación de espacios de diálogo inclusivos y mecanismos de gobernanza equitativos.
Tercero, el acceso a la capacitación y a recursos productivos: iniciativas como el curso a distancia de la FAO sobre “la inclusión social en la planificación nacional de la gestión de la sequía”, disponible gratuitamente en el portal sobre sequía de la FAO, son herramientas clave para fortalecer las capacidades técnicas de los responsables de políticas y garantizar que la equidad sea un componente central en la planificación de la sequía.
Finalmente, el principio de igualdad y el empoderamiento de las mujeres en los planes nacionales de lucha contra la sequía no sólo es una cuestión de justicia social, sino una estrategia fundamental para mejorar la resiliencia climática de la región. Si los gobiernos y las instituciones internacionales no adoptan enfoques más inclusivos y aseguran los recursos y la acción programática para su implementación, las políticas seguirán siendo insuficientes para enfrentar los desafíos que la crisis climática impone a la sociedad. Es el momento de actuar con determinación y voluntad política para garantizar que nadie quede atrás en la lucha contra el cambio climático y sus efectos.
