La ONG Provea ha denunciado la presunta desaparición forzada y detención arbitraria de Albert Martín Maíz Nadales, funcionario del Consejo Nacional Electoral (CNE), a manos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM).
Cuatro meses sin contacto con su familia
Según el informe, el 27 de noviembre de 2024, Albert Maíz fue citado a una reunión en la sede del CNE en Caracas, donde trabajaba como director de la Oficina Nacional de Supervisión del Registro Civil e Identificación. Desde ese día, su familia perdió todo contacto con él.
Su hija, Bianggi Maíz, confirmó que Albert fue trasladado por agentes del DGCIM. Días después, al acudir a la sede de Boleíta, les informaron que estaba detenido y les permitieron entregarle medicamentos, ya que padece hipertensión, tensión ocular y es paciente bariátrico.
Sin embargo, el 16 de diciembre, al regresar a la sede del DGCIM, fueron informados de que ya no se encontraba allí. Desde entonces, han buscado en múltiples centros de detención, pero en lugares como Rodeo I, se les impidió incluso preguntar por él.
Acusaciones y falta de acceso a la defensa
El 20 de marzo, la familia se enteró de manera extraoficial que Albert Maíz fue presentado ante el Tribunal 2.º de Terrorismo y acusado de traición a la patria, terrorismo, conspiración y asociación para delinquir. A pesar de la gravedad de los cargos, no se les permitió designar un abogado privado.
El defensor público asignado no ha brindado información sobre su paradero ni situación legal, y hasta la fecha, su familia no ha podido comunicarse con él ni hacerle llegar sus medicamentos.
Violación de derechos humanos y exigencias
Provea recuerda que la desaparición forzada está prohibida por la Constitución de Venezuela y que ninguna autoridad civil o militar puede practicar, permitir o tolerar este tipo de acciones, incluso en estados de emergencia (Artículo 45 de la CRBV).
Asimismo, el Artículo 44 de la Constitución garantiza el derecho de toda persona detenida a comunicarse con su familia, designar un abogado y conocer las razones de su detención.
Los familiares han interpuesto recursos ante el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo y el Tribunal Supremo de Justicia, sin recibir respuesta.
Desde la ONG Provea y su círculo familiar, exigen:
- La inmediata liberación de Albert Maíz.
- El respeto al debido proceso.
- Acceso a un tratamiento médico adecuado.
