El gobierno de Estados Unidos utiliza un sistema de puntos para identificar y deportar a venezolanos presuntamente vinculados con la pandilla Tren de Aragua, según documentos judiciales federales. La medida, basada en la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, fue invocada el 15 de marzo por el expresidente Donald Trump y ha sido utilizada para deportar a cientos de venezolanos a una megaprisón en El Salvador.
El sistema de puntos establece que cualquier individuo con ocho puntos o más puede ser deportado bajo esta ley. Las categorías evaluadas incluyen:
- Resultados Judiciales y Documentos Oficiales (15 puntos): Condenas o documentos legales que confirmen la pertenencia a la pandilla.
- Autoconfesiones (10 puntos): Declaraciones de los propios individuos ante las autoridades.
- Conducta e Información Criminal (17 puntos): Reportes policiales, testigos o informes de medios de comunicación.
- Documentos y Comunicaciones (25 puntos): Mensajes, llamadas o transacciones financieras relacionadas con la pandilla.
- Simbolismo (14 puntos): Tatuajes, grafitis, señales con las manos o vestimenta asociada a la TDA.
Familias venezolanas denuncian deportaciones arbitrarias
Varias familias han denunciado que sus parientes fueron deportados sin pruebas contundentes, basándose solo en tatuajes. Entre los símbolos vinculados al Tren de Aragua por el Departamento de Seguridad Nacional se encuentran trenes, AK47, estrellas, el logo de «Jumpman» de Michael Jordan, relojes y la frase «Real hasta la muerte».
Expertos rechazan el uso de tatuajes como prueba de afiliación, argumentando que, a diferencia de otras pandillas como la Mara Salvatrucha, el Tren de Aragua no usa tatuajes para identificar a sus miembros.
Tribunales y debate legal en EE.UU.
El Juez de Distrito James E. Boasberg bloqueó temporalmente nuevas deportaciones, argumentando que el gobierno debe demostrar la afiliación de los acusados antes de expulsarlos. Sin embargo, el gobierno trasladó a 17 personas más, incluidos siete venezolanos, a El Salvador el fin de semana pasado. La Procuradora General Interina, Sarah H. Harris, ha solicitado a la Corte Suprema que anule esta restricción y permita continuar con las deportaciones.
Este caso ha generado preocupaciones sobre el respeto al debido proceso y los derechos de los migrantes venezolanos en EE.UU.
