El hallazgo de restos humanos y cientos de objetos personales en Rancho Izaguirre, en Jalisco, ha puesto en evidencia la profundidad de la crisis de desapariciones en México y las fallas institucionales que han permitido su prolongación. Lo que en un principio parecía una finca abandonada, se ha revelado como un centro de reclutamiento y exterminio vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), operando bajo la sombra de la impunidad.
Las primeras inspecciones oficiales en 2024, llevadas a cabo por la Guardia Nacional y la Fiscalía de Jalisco, no hallaron restos humanos ni evidencias contundentes de los crímenes ocurridos en el lugar. Sin embargo, fue el colectivo Guerreros Buscadores, compuesto por familiares de desaparecidos, el que desenterró fragmentos óseos y objetos de víctimas en minutos, desmintiendo los informes iniciales de las autoridades.
Negligencia, encubrimiento y la omisión de las autoridades
Las inconsistencias en la investigación han levantado sospechas de colusión entre el crimen organizado y las fuerzas de seguridad. La criminóloga Yuriria Rodríguez Castro sostiene que los investigadores no registraron pruebas clave ni procesaron vehículos incautados, algunos de los cuales fueron posteriormente robados.
Además, la Fiscalía de Jalisco no notificó a la Fiscalía General de la República (FGR), pese a que los delitos descubiertos eran competencia federal. El caso quedó en el olvido hasta la llegada de los colectivos de familiares de desaparecidos, que expusieron la magnitud del horror sepultado.
Testimonios que revelan el horror
Declaraciones de supuestos sobrevivientes sugieren que el rancho operó como un centro de entrenamiento y prueba para reclutas forzados. Aquellos que no cumplían con las órdenes del cártel, eran ejecutados. Un testimonio recogido por Milenio describe una sala apodada «la carnicería», donde los cuerpos eran desmembrados y quemados.
Aunque la Fiscalía niega la existencia de hornos crematorios, testigos y análisis satelitales revelados por El País detectaron altas concentraciones de ceniza y humo de hidrocarburos en la zona. Según el relato de un informante, los cuerpos eran incinerados en fosas con ladrillos y productos químicos para acelerar su descomposición.
Alteración de la escena del crimen
Las irregularidades no terminaron con el hallazgo. Durante 15 días, las autoridades procesaron el lugar sin permitir acceso a medios ni activistas, removiendo tierra y recogiendo fragmentos óseos con coladeras. Al abrir nuevamente el rancho a visitas oficiales, padres buscadores denunciaron que el sitio había sido alterado, con marcas eliminadas y estructuras lavadas.
Rodríguez Castro asegura que el acceso al rancho podría haber sido pactado con el cártel y que la contaminación de la escena del crimen impide una investigación adecuada.
¿Un campo de exterminio negado?
Pese a la evidencia y los testimonios, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, ha declarado que «no hay indicios» de que el rancho fuera un campo de exterminio. Para expertos, esta negación responde a una política sistemática de ocultar la magnitud de los homicidios y desapariciones en México.
«En México, negamos los términos que nos comprometen», afirma Rodríguez Castro. «Es preferible mantener una cifra alta de desaparecidos que reconocer la existencia de centros de exterminio, porque eso evidenciaría la magnitud de la violencia y la impunidad«.
El Rancho Izaguirre es solo un eslabón más en la larga cadena de desapariciones en México. Las familias buscan respuestas, pero las autoridades parecen empeñadas en seguir enterrando la verdad.
