La promesa de deportaciones masivas del presidente Donald Trump sigue encontrando frenos en los tribunales, luego de que este viernes dos jueces bloquearan temporalmente intentos clave de su administración para detener y expulsar rápidamente a inmigrantes de Estados Unidos.
Tribunal de Washington bloquea uso de la Ley de Enemigos Extranjeros
El juez James Boasberg, del tribunal de primera instancia de Washington, decidió extender hasta el 12 de abril un bloqueo temporal contra la estrategia del Gobierno de Trump de usar la Ley de Enemigos Extranjeros para deportar inmigrantes venezolanos señalados de pertenecer a la pandilla criminal Tren de Aragua.
Boasberg, quien ya había dictado el primer bloqueo el pasado 15 de marzo, señaló que el Gobierno no puede proceder con estas expulsiones sin un proceso judicial adecuado. Además, fijó una audiencia clave para el 8 de abril, en la que se analizará si la restricción debe ser endurecida o levantada.
Ante este revés, la administración Trump ha solicitado una intervención de emergencia al Tribunal Supremo, argumentando que la deportación inmediata de ciertos inmigrantes es una cuestión de seguridad nacional urgente. Esta medida ya fue utilizada el mes pasado cuando la Casa Blanca envió a casi 200 venezolanos a una prisión en El Salvador, sin permitirles impugnar su expulsión.
Otro tribunal bloquea deportaciones rápidas del ICE
En Boston, otro fallo judicial representó un nuevo golpe a los planes de deportación del Gobierno. El juez Brian Murphy emitió una orden nacional que impide al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) deportar inmigrantes a países con los que EE.UU. no mantiene relaciones diplomáticas, sin antes otorgarles la posibilidad de acudir a un tribunal.
Este fallo responde a una demanda interpuesta por un grupo de inmigrantes, quienes argumentaron que el ICE adoptó una política acelerada de deportación para aquellos que previamente habían sido liberados de centros de detención.
La medida permanecerá vigente hasta que el juez evalúe la solicitud de una orden cautelar más duradera. Se espera que Murphy escuche los argumentos de ambas partes en una audiencia programada para el 10 de abril.
Estos obstáculos legales representan un desafío significativo para la administración Trump, que ha prometido una amplia campaña de deportaciones, pero sigue enfrentando resistencia en los tribunales
