El gobierno italiano ha aprobado este viernes nuevas restricciones para la obtención de la ciudadanía italiana por «ius sanguinis», afectando principalmente a los descendientes de italianos fuera del país, en especial en América Latina.
El decreto, ratificado por el Consejo de Ministros, establece que solo aquellos que tengan al menos un padre o abuelo nacido en Italia podrán acceder a la ciudadanía, excluyendo a los descendientes más distantes como bisabuelos o tatarabuelos. La medida busca frenar los abusos en la comercialización de pasaportes italianos y asegurar que la ciudadanía siga siendo un vínculo genuino con el país.
El Ministro de Asuntos Exteriores, Antonio Tajani, explicó que la reforma es una respuesta al significativo aumento en el número de ciudadanos italianos en el exterior, que creció un 40% en la última década, pasando de 4,6 millones a 6,4 millones entre 2014 y 2024. Este crecimiento ha llevado a una mayor saturación de los consulados italianos en el extranjero, especialmente en América Latina, donde países como Argentina y Brasil tienen comunidades italianas muy grandes.
Frenar el comercio ilegal de pasaportes italianos
Tajani también destacó que el objetivo de la medida es reducir el número de nuevos ciudadanos italianos y limitar el acceso a los beneficios asociados con la ciudadanía europea, como la posibilidad de viajar sin visa a una amplia gama de países. «El sistema estaba siendo abusado por aspirantes a italianos que saturaban los consulados con solicitudes, buscando obtener beneficios migratorios», afirmó el ministro.
Además de restringir el acceso a la ciudadanía por derecho de sangre, el decreto establece que los nuevos ciudadanos naturalizados deberán ejercer sus derechos y deberes como ciudadanos italianos al menos una vez cada 25 años, fortaleciendo así el vínculo con Italia.
Este cambio en la ley impactará principalmente a quienes han solicitado la ciudadanía italiana debido a su ascendencia lejana, como en el caso de muchos venezolanos, argentinos y brasileños, quienes en los últimos años han visto en la ciudadanía italiana una vía para acceder a los beneficios de la Unión Europea.
La reforma llega en un contexto de creciente preocupación por la «comercialización» de pasaportes italianos, lo que ha suscitado un debate sobre el equilibrio entre la preservación de la identidad nacional y la necesidad de modernizar los procesos migratorios.
