Esta semana, una vez más, los trabajadores universitarios salieron a las calles de Venezuela. No piden lujos ni privilegios, solo lo mínimo necesario para vivir con dignidad. Se niegan a seguir cobrando salarios de miseria mientras el costo de la vida se dispara. ¿Cómo se puede vivir con 5 a 8 dólares mensuales? No hay canasta básica, no hay medicinas ni servicios que se puedan costear así. Su lucha no es aislada, es el reflejo de un país entero que clama justicia, que exige ser escuchado. Sin embargo, el régimen se niega a escucharlos. Protestar es un derecho consagrado en el artículo 68 de nuestra Constitución Nacional y que nos pertenece a todos los venezolanos.
El descontento diario en las calles es evidente. El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social documentó 5.226 manifestaciones en todo el país entre enero y diciembre de 2024, un promedio de 15 protestas diarias. La mayoría de estas manifestaciones están motivadas por la crisis económica, la falta de derechos laborales y el colapso de los servicios básicos. Casi la mitad (48%) de las protestas fueron por Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (Desca), mientras que 52% estuvieron relacionadas con Derechos Civiles y Políticos (DCP).
Los trabajadores venezolanos protagonizaron 1.075 manifestaciones en defensa de sus derechos. Jubilados y pensionados, que trabajaron toda su vida construyendo este país, han participado en al menos 310 protestas exigiendo condiciones dignas. El sector educación también se ha hecho escuchar: docentes luchan por sueldos justos, padres y representantes exigen infraestructuras adecuadas, y trabajadores denuncian la suspensión de salarios por laborar en más de una institución. Ningún país puede avanzar si sus habitantes se encuentran sumidos en la pobreza y rebuscándose para llevar pan a la mesa.
Sin embargo, la crisis no se detiene ahí. El colapso de los servicios básicos –agua, electricidad, gas– ha llevado a miles de venezolanos a protestar en cada rincón del país. En los hospitales, el personal de salud, pacientes y familiares han exigido en las calles mejores condiciones hospitalarias, insumos y equipos médicos.
Por su parte, la administración de Maduro, en lugar de escuchar, hace oídos sordos. En lugar de atender los reclamos legítimos de la población, criminaliza la protesta pacífica. Pero no podrán callar a un pueblo que ha aprendido a alzar la voz. Protestar no es un capricho, es un acto de resistencia ante un sistema que ha empobrecido a millones. Es la manifestación de una sociedad que se niega a rendirse, que sigue luchando por un futuro mejor.
¿Cómo puede ser tan difícil escuchar a un pueblo que solo quiere vivir con dignidad? La administración de Maduro está desconectado de la realidad de millones de venezolanos. Pero la historia ha demostrado que ningún sistema puede sostenerse eternamente ignorando a su gente. Venezuela sigue en las calles, firme, con la certeza de que los derechos no se mendigan, se exigen.
Stalin González
