El año pasado, el gobierno de Estados Unidos intensificó su respuesta a las controversias electorales en Venezuela, imponiendo sanciones a un total de 37 funcionarios de la administración de Nicolás Maduro.
Las medidas, tomadas por el Departamento del Tesoro a través de la OFAC, buscaron penalizar la obstrucción del proceso electoral y la represión de la disidencia.
Las sanciones se aplicaron en dos rondas: la primera, en septiembre, afectó a 16 funcionarios clave, incluyendo figuras del CNE, el TSJ y altos mandos militares y de inteligencia. La segunda ronda, en noviembre, sumó 21 funcionarios al listado.
Las acusaciones de la OFAC incluyen interferencia en el proceso electoral, represión mediante intimidación y detenciones, y violación de derechos civiles.
«Estados Unidos está tomando medidas decisivas contra Maduro y sus representantes por su represión del pueblo venezolano y la negación de los derechos de sus ciudadanos a unas elecciones libres y justas», afirmó Wally Adeyemo, subsecretario de la OFAC.
El dirigente opositor Juan Pablo Guanipa ha destacado que las sanciones son de carácter individual, dirigidas a funcionarios específicos y su entorno, y no representan un castigo colectivo al pueblo venezolano.
Indicó que las implicaciones de las sanciones incluyen el bloqueo de activos en territorio estadounidense y la prohibición de transacciones financieras con los sancionados, lo que podría tener un impacto significativo en sus finanzas personales y su capacidad para realizar negocios internacionales.
