La administración del presidente Donald Trump podría imponer restricciones de viaje a ciudadanos de Cuba y Venezuela, incluso a aquellos con residencia permanente en Estados Unidos. La medida, que formaría parte de una lista de 43 países con limitaciones de ingreso, ha generado alarma entre expertos en inmigración y organizaciones de derechos humanos.
Según reportes de The New York Times, la lista de países afectados se categorizaría en tres niveles de riesgo: rojo, naranja y amarillo. Tanto Cuba como Venezuela figurarían en la categoría roja, la más restrictiva. Ante la incertidumbre, abogados especializados están recomendando a los ciudadanos de estos países que eviten viajar fuera de EE.UU. hasta que se aclare el alcance de la medida.
Advertencias de expertos
«La recomendación aquí sería que si una persona es cubana o venezolana y es residente permanente, y tiene un viaje planeado al exterior, lo posponga. La situación es incierta«, advirtió Armando Olmedo, abogado de inmigración de Televisa Univisión. Además, aconsejó a quienes estén fuera del país que regresen lo antes posible para evitar quedar atrapados por la posible restricción.
La nueva política podría ser más estricta que la prohibición de viaje emitida por Trump en 2017, la cual afectaba a ciudadanos de varios países mayoritariamente musulmanes. En aquella ocasión, los residentes permanentes no fueron incluidos en la prohibición inicial, pero en esta oportunidad, aún no está claro si se hará una excepción para ellos.
Plazo crítico y posibles repercusiones
El Departamento de Estado debe presentar su informe final sobre la medida el viernes 21 de marzo, momento en el que se conocerán los detalles y el alcance de la orden ejecutiva. De aprobarse, podría restringir el reingreso de miles de personas, afectando especialmente a familias y trabajadores que dependen de su estatus migratorio en EE.UU.
Mientras tanto, la comunidad migrante de ambos países está en alerta, buscando orientación legal y esperando claridad sobre su futuro en Estados Unidos. Organizaciones de derechos humanos han expresado su preocupación y han instado a la administración a garantizar el debido proceso para los afectados.
