El Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) de El Salvador recibió recientemente a 261 inmigrantes venezolanos deportados desde Estados Unidos, una medida que ha generado intensos debates políticos y legales tanto en Washington como en San Salvador.
La administración del presidente Donald Trump justificó la deportación al vincular a los expulsados con la organización criminal Tren de Aragua y con la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798.
El traslado de los venezolanos a El Salvador ocurrió el mismo día en que un juez estadounidense bloqueó temporalmente la capacidad del gobierno para utilizar dicha ley para deportaciones exprés, ordenando incluso el retorno de los aviones con los migrantes. Sin embargo, el gobierno estadounidense argumentó que las aeronaves ya se encontraban en aguas internacionales cuando la orden fue emitida.
¿Qué gana El Salvador a cambio?
El Salvador recibirá una compensación de 6 millones de dólares por mantener a los deportados en prisión, lo que el presidente Nayib Bukele ha calificado como un aporte significativo para financiar su sistema penitenciario, cuyo costo anual ronda los 200 millones de dólares.
Según el mandatario, estos fondos ayudarán a garantizar la sostenibilidad del sistema carcelario, apoyado además por el programa “Cero Ocio”, en el que los reclusos trabajan en distintos talleres.
El acuerdo con Estados Unidos también fortalece la relación de Bukele con la administración Trump, quien ha elogiado las políticas de seguridad del presidente salvadoreño. El secretario de Estado, Marco Rubio, calificó a Bukele como “el líder más fuerte en seguridad de nuestra región”.
Críticas y preocupaciones por derechos humanos
A pesar de la compensación financiera y el fortalecimiento de la cooperación con EE.UU., organismos de derechos humanos han expresado preocupación por la legalidad del acuerdo y las condiciones en las que los deportados serán retenidos en El Salvador.
Organizaciones como Human Rights Watch han señalado que el Cecot se ha convertido en una especie de «Guantánamo centroamericano«, donde los detenidos quedan incomunicados y sin acceso a recursos legales.
Además, el gobierno estadounidense no ha presentado pruebas concluyentes sobre los vínculos de los deportados con el Tren de Aragua, lo que ha generado críticas por la falta de debido proceso. La aplicación de la Ley de Enemigos Extranjeros también ha sido cuestionada, pues evita los procedimientos ordinarios de asilo y protección para inmigrantes en riesgo.
Maduro exige la devolución de los venezolanos
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, calificó la reclusión de los venezolanos en el Cecot como un “secuestro” y exigió a Bukele su inmediata liberación y repatriación. “Nuestros muchachos no cometieron ningún delito en Estados Unidos. No los llevaron a juicio, no les dieron derecho a la defensa ni al debido proceso. Fueron engañados y secuestrados”, declaró Maduro.
Hasta el momento, ni el gobierno de Bukele ni el Departamento de Estado de Estados Unidos han respondido a las solicitudes de comentarios sobre el reclamo de Venezuela.
El acuerdo de deportaciones y sus implicaciones continúan generando controversia, mientras se esperan nuevas decisiones legales en Estados Unidos, que podrían influir en el destino de los detenidos en El Salvador.
