La ministra de Comercio Exterior y Turismo de Perú, Úrsula León, justificó la declaración del estado de emergencia en Lima y Callao como una medida urgente para combatir la creciente ola de criminalidad, la cual, según la funcionaria, ha sido agravada por la llegada de grupos delincuenciales provenientes de Venezuela.
«Ha habido una alta inmigración de ciudadanos de varios países, principalmente de Venezuela en los últimos años, debido a la crisis que atraviesa ese país. Muchos venezolanos han contribuido y siguen contribuyendo de manera positiva al Perú; son excelentes personas», declaró León.
No obstante, enfatizó que «un grupo de individuos, algunos con antecedentes penales y otros que ingresaron irregularmente al país, han generado caos y violencia».
Perú ha recibido aproximadamente 1,5 millones de refugiados y migrantes venezolanos desde 2017, según datos del Banco Mundial. Durante los últimos años, la tasa de homicidios en el país ha aumentado considerablemente, con 368 asesinatos registrados en los dos primeros meses de 2025, en comparación con los 111 reportados en el mismo periodo de 2018, de acuerdo con el Sistema de Información de Defunciones.
El incremento de la violencia se agravó tras el asesinato de un reconocido cantante de cumbia en Lima, lo que impulsó al Gobierno a decretar el pasado lunes un estado de emergencia de 30 días en la capital y en la vecina provincia de Callao, donde reside aproximadamente un tercio de la población peruana. La ministra León aseguró que esta medida busca «garantizar la seguridad de los ciudadanos» y que el Gobierno está adoptando una «lucha frontal contra la criminalidad».
Numerosos delitos graves
El Tren de Aragua, una organización delictiva originada en una prisión venezolana y recientemente declarada como grupo terrorista por el Congreso peruano, ha sido señalada como responsable de numerosos delitos en la región, incluyendo narcotráfico, extorsión, secuestros y homicidios.
Aunque la Policía Nacional del Perú afirmó en febrero haber desarticulado la estructura de esta banda en el país, las autoridades continúan en alerta ante la persistencia de actividades criminales.
El impacto de la migración venezolana en la seguridad pública sigue siendo un tema de debate en Perú. Mientras algunos sectores insisten en la necesidad de fortalecer el control fronterizo y endurecer las políticas migratorias, otros advierten sobre el riesgo de criminalizar a toda una comunidad que, en su mayoría, busca mejores oportunidades y aporta al desarrollo del país.
El Gobierno peruano ha reiterado su compromiso de reforzar la seguridad ciudadana, asegurando que continuará implementando medidas para frenar la delincuencia y garantizar el bienestar de la población.
