El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, hizo un llamado el martes a respetar los derechos y la dignidad de los migrantes deportados, luego de que Estados Unidos efectuara el traslado de inmigrantes venezolanos, el pasado fin de semana a una cárcel de máxima seguridad en El Salvador.
A través de su portavoz adjunto, Farhan Haq, Guterres recordó que cualquier traslado de migrantes entre países debe llevarse a cabo «respetando el debido proceso, sus derechos fundamentales y su dignidad más básica».
Aunque evitó criticar directamente las deportaciones, enfatizó en la importancia de garantizar la protección de quienes solicitan asilo.
Preocupación por el debido proceso
Guterres subrayó los principios básicos establecidos por la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), los cuales indican que los solicitantes de asilo deben tener acceso a «un proceso justo y eficiente» y que «las personas que necesitan protección internacional no deben ser devueltas a un lugar donde se exponen a sufrir daños».
El vocero de la ONU señaló que ACNUR continuará explorando la situación de los migrantes deportados, aunque no intervendrá directamente en procedimientos judiciales. No obstante, aseguró que la agencia buscará mecanismos para colaborar con los países implicados y velar por el respeto a los derechos de los refugiados.
Deportaciones sin transparencia
Según cifras proporcionadas por Estados Unidos, 261 inmigrantes fueron deportados en estos traslados, incluyendo 238 venezolanos y 23 salvadoreños. Informes indican que fueron llevados en varios vuelos con destino a una megaprisión en El Salvador, tras hacer escala en Honduras.
Sin embargo, la falta de transparencia en el proceso genera incertidumbre sobre el paradero de algunos migrantes y las condiciones en las que fueron trasladados.
El pronunciamiento de Guterres se suma a las crecientes preocupaciones de organismos internacionales sobre el trato a los migrantes y refugiados en la región, en medio de políticas cada vez más restrictivas y medidas que, según expertos, podrían vulnerar sus derechos fundamentales.
