La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela en su última actualización sobre la situación de los derechos humanos en el país, ratifica que el Gobierno de Venezuela sigue llevando a cabo acciones que constituyen el crimen de lesa humanidad de persecución política, cometido en relación con los delitos de encarcelamiento o privación grave de la libertad física, y otros crímenes.
En su presentación ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra este martes, la Misión informó que continúan las detenciones arbitrarias de opositores, o percibidos como tales, incluidos miembros de la oposición política, así como defensores de derechos humanos y periodistas.
Fuentes no gubernamentales documentaron al menos 42 arrestos entre septiembre y diciembre de 2024, y 84 más durante los primeros 15 días de enero de 2025. Algunas de estas detenciones podrían constituir desapariciones forzadas de corta duración.
«El Gobierno venezolano sigue ejecutando una dura represión contra personas percibidas como opositoras políticas o que simplemente expresan disidencia o crítica de las autoridades», declaró la presidenta de la Misión.
Marta Valiñas dijo que se trata del mismo “patrón de actuación” que la Misión ha previamente caracterizado como crímenes de lesa humanidad.
Detención de 150 extranjeros
Asimismo, la Misión expresó su preocupación por la detención de al menos 150 extranjeros acusados de participar en conspiraciones contra el Gobierno. Tanto las familias como las autoridades de los países de su nacionalidad desconocen la suerte y el paradero de estas personas.
A este respecto, el experto de la Misión Francisco Cox declaró que los esfuerzos diplomáticos para intentar comunicarse con los detenidos “son ignorados por el Gobierno de Nicolás Maduro, en contra del derecho internacional».
«Las personas detenidas son mantenidas en estrictos regímenes de incomunicación, lo que viola el derecho nacional e internacional», añadió.
Disparos contra manifestantes
La Misión también proporcionó más detalles al Consejo sobre una de las protestas postelectorales de julio de 2024 en el estado de Aragua, en la que murieron siete personas. La Misión confirmó que se realizaron disparos sin previo aviso desde el interior de una instalación militar contra las personas que se manifestaban. Miembros del Ejército y de la Guardia Nacional Bolivariana encargados de controlar la protesta se encontraban dentro de esa instalación.
«La Misión ha identificado a tres generales que estuvieron involucrados en la operación de control del orden público en esta protesta, así como a dos altos oficiales que se encontraban dentro de la instalación militar desde la cual se disparó contra los manifestantes», señaló Patricia Tappatá, experta de la Misión.
«El Estado de Venezuela debe investigar este incidente, llevar ante la justicia a los responsables y proporcionar reparación a las víctimas”.
Liberación de los detenidos
Por último, la Misión solicitó al Consejo que inste al Gobierno a liberar de manera inmediata e incondicional a todos los detenidos arbitrariamente, y a prestarles atención médica adecuada y oportuna mientras siguen detenidas.
