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El Departamento de Estado estadounidense aseguró este miércoles que aplicará «sanciones nuevas, severas y progresivas» a Venezuela si no acepta nuevos aviones con sus nacionales deportados después de que Caracas condenara el reciente envío de más de 200 de sus ciudadanos a El Salvador sin una vista judicial previa.
«A menos que el régimen de (Nicolás) Maduro acepte un flujo estable de vuelos de deportación sin más excusa ni demora, Estados Unidos impondrá sanciones nuevas, severas y progresivas, como dejó claro el presidente (Donald) Trump en su proclamación», explicó hoy en rueda de prensa la portavoz del Departamento de Estado, Tammy Bruce, que aseguró que «esta no es una cuestión que pueda ser debatida o negociada».
«En este punto, se les ha dicho que tienen que hacerlo», replicó Bruce a una pregunta de EFE sobre si ha habido intercambios directos sobre este tema desde el pasado sábado, cuando EEUU envió a más de 200 venezolanos a El Salvador invocando una ley de 1798 que anula el requerimiento de una revisión judicial previa, una operación que el Gobierno de Maduro tildó de «vulgar secuestro».
El Tren de Aragua y el Gobierno de Venezuela «estrechamente alineados»
Washington asegura que estos venezolanos enviados a El Salvador son miembros de la banda criminal Tren de Aragua (TdA), aunque no ha aportado pruebas de ello.
«TdA está estrechamente asociada, estrechamente alineada con el régimen de Maduro y, de hecho, se ha infiltrado en el mismo», aseguró Bruce, en línea con lo dicho unos minutos antes por la Casa Blanca, que afirmó que el grupo «ha sido enviado por el régimen hostil de Maduro» como justificación para la invocación de la ley de Enemigos Extranjeros de 1798, que permite detenciones y expulsiones sumarias en caso de guerra o invasión del territorio.
A su vez, Bruce explicó que en el acuerdo alcanzado entre los Gobiernos de Donald Trump y del presidente salvadoreño, Nayib Bukele, incluye, además de una partida de 6 millones de dólares y la entrega de dos líderes de la banda MS-13 (Mara Salvatrucha) y otros 21 supuestos pandilleros deportados también el sábado, un compromiso para que el Congreso logre aprobar asistencia para el sistema penitenciario de El Salvador.
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