El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó este martes una demanda de decomiso civil contra una aeronave Dassault Falcon 900 EX utilizada por Nicolás Maduro. Según el gobierno estadounidense, el avión fue contrabandeado desde Estados Unidos en violación de las sanciones y leyes de control de exportaciones.
El Falcon 900 EX fue incautado en septiembre de 2024 en la República Dominicana a petición de Estados Unidos y posteriormente trasladado a Fort Lauderdale, Florida.
Adquisición, incautación y traslado a EE.UU.
La aeronave, que habría sido utilizada por Maduro para viajes oficiales, se adquirió mediante una compleja operación financiera que involucró a una empresa con sede en San Vicente y las Granadinas, país aliado del gobierno venezolano. Según la demanda, dicha empresa fue creada poco antes de la compra y desapareció del registro mercantil en mayo de 2024.
Los fondos utilizados para la adquisición fueron transferidos desde diversas cuentas bancarias en varios países, incluidas Malasia y los Emiratos Árabes Unidos, lo que según el Departamento de Justicia estadounidense constituye una violación de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) y las normativas contra el blanqueo de capitales.
Uso oficial y operaciones ilegales
Desde mayo de 2023, el Falcon 900 EX operó como aeronave presidencial, realizando al menos 21 vuelos internacionales a países como Cuba, Brasil, México, Bolivia y Sudáfrica.
En diciembre de 2023, el avión se empleó en un intercambio de prisioneros con Estados Unidos, permitiendo la liberación de Alex Saab, supuesto testaferro de Maduro, a cambio de ciudadanos estadounidenses detenidos en Venezuela.
Venezuela rechaza la incautación
El gobierno de Venezuela ha calificado la incautación como un «robo flagrante» y ha rechazado las sanciones impuestas por Estados Unidos, argumentando que constituyen una «guerra económica» contra el país.
No obstante, la demanda estadounidense sostiene que la operación de la aeronave fue una clara violación de las regulaciones de exportación y sanciones internacionales.
«Ha confiscado ilegalmente una aeronave que ha venido siendo utilizada por el Presidente de la República, justificándose en las medidas coercitivas que de manera unilateral e ilegal, impone alrededor del mundo», señalan.
Otra aeronave incautada
El Departamento de Justicia también informó sobre la incautación de un segundo avión Dassault Falcon en la República Dominicana el pasado 6 de febrero. Este segundo avión, identificado como propiedad bloqueada de Petróleos de Venezuela, S.A. (PdVSA), recibió servicios y mantenimiento en violación de las sanciones estadounidenses.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro confirmó que la aeronave pertenecía a la empresa estatal petrolera venezolana, sancionada por Estados Unidos.