La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, exigió este martes al gobierno de El Salvador acceso inmediato a la información y expedientes de los migrantes venezolanos que fueron deportados desde Estados Unidos y trasladados a una cárcel de máxima seguridad en el país centroamericano.
Durante una marcha en defensa de los connacionales en el exterior, Rodríguez calificó de «inaceptable» la reclusión de 238 ciudadanos venezolanos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), denunciando que fueron enviados allí «bajo falsas promesas» de ser repatriados a Venezuela.
«Venezuela exige acceso inmediato a la información de esos migrantes secuestrados en Estados Unidos bajo la promesa de que venían a Venezuela y que fueron entregados a una cárcel de máxima seguridad diseñada para la violación de los derechos humanos», manifestó Rodríguez.
Rechazo a la criminalización de los migrantes
Rodríguez instó al gobierno de Nayib Bukele a devolver a los venezolanos a su país y rechazó cualquier intento de criminalizarlos. Asimismo, responsabilizó a líderes opositores como María Corina Machado y Julio Borges de las sanciones que, según el oficialismo, han agravado la crisis migratoria venezolana y han llevado a situaciones como esta.
Asimismo, reiteró que los migrantes venezolanos no son terroristas, sino ciudadanos que dejaron el país debido a dificultades económicas derivadas del «bloqueo criminal» impuesto por Estados Unidos y promovido por sectores opositores.
«Lo que ha hecho Estados Unidos junto al gobierno de El Salvador no tiene justificación alguna en la legalidad internacional ni en los convenios de derechos humanos. Estamos ante violaciones sistemáticas», afirmó.
Maduro denuncia persecución contra venezolanos
El gobierno de Nicolás Maduro emitió un comunicado el 16 de marzo rechazando lo que calificó como «criminalización infame e injusta» de la migración venezolana por parte de Estados Unidos. En el documento, denunció la aplicación de la Ley del Enemigo Extranjero de 1798 contra sus connacionales, comparándola con los «tiempos más oscuros» de la humanidad.
La cancillería venezolana argumentó que esta legislación vulnera tratados internacionales sobre derechos humanos, incluyendo la Carta de las Naciones Unidas y la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de los trabajadores migratorios y sus familiares. Además, consideró que la detención de los venezolanos en El Salvador constituye un «delito de lesa humanidad».
En su comunicado, el gobierno destacó que la mayoría de los migrantes venezolanos son ciudadanos trabajadores y honestos que no pertenecen a organizaciones criminales ni representan una amenaza para ningún país. Por ello, condenó lo que calificó como una «persecución» contra ellos y denunció la expropiación de bienes, negocios y cuentas bancarias de venezolanos en el exterior.
