De repente fue convocada la población electoral a unas elecciones para escoger a diputados a la Asamblea Nacional, gobernadores y miembros de los consejos legislativos en abril y, poco después, se cambia la fecha para mayo; pero, los ciudadanos no tienen información oficial porque la página Web del Consejo Nacional Electoral fue cerrada después de las elecciones del 28 de julio del año pasado y, desde entonces, los ciudadanos de a pie preguntan: ¿Dónde está el Poder Electoral? Porque ni su presidente, ni los demás rectores aparecen por ninguna parte.
Al hacer tales consideraciones el doctor José Gregorio Zaá, profesional del Derecho, docente universitario y experto en materia electoral, llama la atención acerca de un proceso electoral que verbalmente ha sido convocado, pero oficialmente no, porque todavía no ha sido publicado en la Gaceta Oficial y, además, se ignoran todos los procedimientos legales y constitucionales que deben llevarse a cabo para que el evento se ajuste a las normas específicas de una convocatoria electoral.
Claramente, es un remedo de convocatoria electoral, indica el doctor Zaá cuando expresa sus declaraciones a El Impulso. Lo que se ha producido es como un ensayo comicial del gobierno para ver cómo era la reacción de los electores, ya que se adelanta el anuncio y luego se posterga para otra fecha, demostrándose el enredo en que se encuentra el señor Nicolás Maduro y su gobierno.
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Al hablar del enredo se refiere a varias cosas que no le han salido bien como las convocatorias electorales que han resultado en un fracaso, tales como los proyectos comunales, sobre los cuales nadie se entera, nadie sabe nada y nadie rinde cuentas; la elección de los jueces de paz, de los cuales todavía no se sabe quiénes fueron escogidos; y, como si esto fuera poco, han anunciado unas propuestas para llevar a cabo una reforma constitucional, pero las mantiene ocultas aunque en el fondo lo que busca es establecer el denominado estado comunal.
Ante todo esto conviene destacar que de los cinco poderes públicos que aparecen en la Constitución de 1999, nada se sabe del Poder Electoral y, desde luego, la página Web del CNE fue cerrada desde el 28 de julio del año pasado, motivo nadie se puede enterar de lo fundamental en materia de elecciones.
Cuando se dijo que iba a haber elecciones en abril y luego en mayo, nada de eso aparece en la página del CNE, comenta el doctor Zaá. Cuando Nicolás Maduro o Diosdado Cabello anuncian elecciones para agosto, nada de eso está publicado oficialmente en ningún lado. Y, por tanto, repito, son remedos de convocatoria porque no aparece ni el presidente del CNE, ni tampoco el resto de la directiva, ni mucho menos la página oficial del organismo.
Al no verse a esos funcionarios, los ciudadanos de a pie se preguntan: ¿Qué están haciendo los directivos del organismo electoral? ¿Están o no funcionando las oficinas del CNE en los estados? ¿Cómo están las competencias asignadas a las tres oficinas fundamentales del organismo: la de Financiamiento, la de Participación Política y la propia Junta Electoral Nacional? ¿Dónde está el cronograma electoral? En fin, hasta ahora nada se sabe de las elecciones, ni de la convocatoria, porque quieren entremezclar la elección de gobernadores y consejos legislativos con la de la Asamblea Nacional, cuya última votación en diciembre de 2020 fue la más ilegal e inconstitucional de los últimos tiempos.
Al hacer tal afirmación añadió que en esa elección se desconoció un requisito primordial como es la base poblacional y el número de diputados fue aumentado desproporcionadamente, ya que se elevó de 167 a 277 y ahora en un arrebato de Cabello quieren incorporar unos supuestos diputados en representación del Esequibo administrado por Guyana.
Al ver esas cosas no se puede ocultar el caos y la anomia de la actual Asamblea Nacional, ya que no caben en el recinto esos 277 diputados, pues ese número fue aumentado desde el punto de vista de metástasis parlamentaria, fue muy explícito el doctor Zaá en sus apreciaciones. Eso no tiene que ver con el artículo 186 constitucional, que está vigente y el cual establece una base poblacional, a través del cual se toma el número de habitantes promedio, contrario a la sentencia de la Sala Constitucional y sobre la cual no ha dicho nada el Tribunal Supremo de Justicia, lo que ha permitido un enredo descomunal, jamás antes visto en el mundo.
