El Relator Especial sobre el derecho a la alimentación, Michael Fakhri, manifestó que la inseguridad alimentaria, la desnutrición y el deterioro de los medios de subsistencia se citan como la principal causa de la emigración masiva del país.
Así lo aseguró Mario D’Andrea, defensor de derechos humanos, al referirse al informe de Fakhri, en el cual señala que a finales de noviembre de 2023, más de 7,7 millones de personas habrán abandonado Venezuela.
En materia de grupos específicos, el relator detalla en su informe que hogares encabezados por mujeres se enfrentan a mayores obstáculos para acceder a los alimentos. Así, el 64% de las mujeres gastan casi todos sus ingresos en adquirir alimentos y el 51% de las embarazadas sufren problemas nutricionales.
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En el informe, el Relator Especial sobre el derecho a la alimentación, indica que las personas mayores en Venezuela, especialmente las que padecen una enfermedad crónica, son especialmente vulnerables. Su fuente de ingresos suelen ser las pensiones, que ascienden a 130 bolívares (2,19 USD) al mes, muy por debajo del valor de la cesta básica de alimentos.
Entre sus conclusiones finales la crisis económica, Fakhri agrega que la crisis exacerbada por las sanciones tiene elementos o cuestiones estructurales como la dependencia de las importaciones de alimentos, el apoyo insuficiente a la producción agrícola local a pequeña escala y la ineficacia de los programas de distribución de alimentos han desempeñado un papel fundamental en el agravamiento de la inseguridad alimentaria.
En este contexto, Fakhri añade que el Gobierno debe mejorar la transparencia del sistema alimentario, ampliar las iniciativas agrícolas y alimentarias a pequeña escala dirigidas por la comunidad y revisar los programas sociales mediante un enfoque inclusivo y participativo y respetando la dignidad y los derechos humanos.
