La ciudad de Doral, en Florida, epicentro de la comunidad venezolana en Estados Unidos, se encuentra en estado de alerta ante la inminente finalización del Estatus de Protección Temporal (TPS) para venezolanos que protege a 348.000 migrantes.
La medida, que entrará en vigor el 7 de abril, ha generado un clima de incertidumbre y temor a un posible colapso económico en la ciudad, conocida como «Doralzuela», que alberga a 84 mil residentes, un 40% de origen venezolanos, y donde muchos son propietarios de negocios y contribuyen significativamente a la economía local, reportó EFE.
Comunidad con impacto comercial
Comerciantes y residentes reportan una disminución en la actividad económica y un aumento en la preocupación que se evidencia en el comercio de Doral. «La gente ya se ha empezado a esconder y a ahorrar», comenta un vendedor de autos, reflejando el sentir de muchos venezolanos que temen las consecuencias de la medida.
Negocios emblemáticos como el restaurante El Arepazo, punto de encuentro de la comunidad venezolana, han visto reducida su clientela. «Nunca lo he visto así. Acá había que hacer cola todo el tiempo», relata un comensal, evidenciando el impacto de la incertidumbre en el consumo.
Escases de clientes y disminución de mano de obra
La encargada de un servicio de lavado de vehículos señala que el tráfico de clientes ha caído un 50% desde el anuncio de la no renovación del TPS. «Ya nadie pide el servicio premium (el más costoso)», indica, mostrando cómo la medida afecta incluso a los servicios de mayor valor.
La escasez de mano de obra también se ha hecho sentir en la ciudad. «Nadie con TPS quiere estar en servicio al público», afirma una vendedora de una tienda de alimentos, explicando la proliferación de anuncios de empleo en los locales de Doral.
Impacto a largo plazo
Manny Sarmiento, presidente de la Cámara de Comercio de Doral, advierte que los verdaderos efectos del fin del TPS se verán a largo plazo. «El verdadero daño lo veremos a lo largo del año, cuando se vea quiénes se autodeportaron, quiénes decidieron quedarse y arriesgar cárcel o deportación, y si habrá redadas en la ciudad para capturar a los criminales indocumentados», alerta.
Organizaciones de derechos de los inmigrantes han presentado una demanda en un tribunal federal argumentando que la aceleración del fin del TPS podría estar motivada por prejuicios raciales. Sin embargo, el concejal Pineyro reconoce que incluso si la demanda tiene éxito, sería una solución temporal.
«Nuestra meta como comunidad es crear una solución permanente para los venezolanos, y los inmigrantes de bien, sean donde sean, que sigan beneficiando a sus comunidades y a todo el país», subraya.
