Trabajo de www.correodelcaroni.com
En conversación con familiares del exalcalde del municipio Sifontes y preso político Carlos Chancellor, se confirmó que el Estado venezolano continúa sin acatar las medidas cautelares que le fueron dictadas al dirigente político del partido La Causa R para garantizar su salud, debido a las condiciones de reclusión en las que permanece desde su encarcelamiento en El Helicoide.
Las medidas fueron solicitadas por una oenegé el 11 de febrero y aprobadas el pasado 28 del mismo mes. En la resolución se solicita al Estado venezolano adoptar medidas necesarias para proteger los derechos a la vida, integridad personal y salud de Carlos Chancellor; implementar medidas suficientes para asegurar que las condiciones de detención del beneficiario sean compatibles con los estándares internacionales aplicables; realizar de inmediato una valoración médica sobre su situación de salud; facilitar el contacto con su abogado de confianza dándole acceso al expediente penal; informar a la representación las razones por las cuales Chancellor continúa privado de libertad y un informe sobre las acciones adelantadas a fin de investigar los presuntos hechos que dieron lugar a la resolución.
En este informe, la organización otorga 15 días al Estado venezolano para dar respuesta a la situación; sin embargo, hasta la fecha, familiares no han sido informados de ninguna acción en favor del dirigente.
Correo del Caroní conversó con el abogado Ezequiel Monsalve, defensor de derechos humanos, quien aseguró que esta resolución es un llamado de atención a las autoridades venezolanas y se debe dar respuesta a la situación que alerta sobre una violación a los derechos humanos del afectado.
“Se busca que el Estado tome medidas correctivas. El Estado debería implementar de manera inmediata todas estas medidas que están en la resolución, que son recomendaciones que la comisión le pide al Estado que implemente en su deber de proteger y cuidar los derechos humanos. Como sabemos, Carlos Chancellor engrosa la gran lista de personas detenidas por motivos políticos, a estas personas que son encarceladas en el Sebin, el Helicoide y otros centros de reclusión, lamentablemente, se les violan sus garantías procesales, sufren retardo procesal, están en situación de desigualdad en un sistema de justicia minado. Las condiciones de reclusión no son las mejores y en eso se fundamentan las medidas cautelares”, expresó Monsalve.
Familiares aseguran que los detenidos no cuentan con atención médica para proteger su derecho a la vida
La solicitud de estas medidas es una de las iniciativas que ha tomado la familia Chancellor para lograr la liberación del dirigente. Familiares han venido haciendo denuncias en el Comité por la Libertad de los Presos Políticos en Venezuela para solicitar la liberación de Carlos Chancellor, ante el deterioro de su estado de salud.
Según Daniel Chancellor, hermano del afectado, Carlos, de 65 años, sufre de hipertensión, diabetes, degeneración macular, una masa tumoral en el cuello y la enfermedad de tinnitus.
La degeneración macular ha provocado que el dirigente pierda la visión, debido al incumplimiento en el tratamiento enviado por su médico. El tinnitus, cuya sintomatología es un zumbido constante en los oídos, le impide dormir con las noches. Mientras que la masa tumoral que presenta en el cuello requiere ser estudiada y sometida a biopsia para descartar cáncer.
“Las medidas cautelares las tenemos. Estamos esperando respuesta. Ojalá influyan y que este gobierno lo tome en cuenta. Estamos haciendo todos los pasos para demostrar la incocencia de Carlos, así como su situación de salud. No se ha permitido la entrada de un médico para su situación de la vista. Cuando fue secuestrado, él se dirigía a la ciudad de Caracas para una cita con un retinólogo porque necesita un tratamiento especial. Nos preocupa que pueda perder la vista y que se empeoren las patologías que presenta como la tinnitus y el tumor en el cuello que requiere de un cirujano”, expresó el hermano de Chancellor, quien también desmintió un rumor emitido el pasado 8 de marzo que aseguraba que Chancellor había sido puesto en libertad.
Según entrevistas hechas a los parientes, temen porque el político pueda perder la vida tras las rejas, esto en vista de la muerte de cuatro presos políticos en manos del Estado.
A su vez, la familia Chancellor asegura que las autoridades del centro de detención no velan por la salud de los detenidos ni por el cumplimiento de sus tratamientos médicos.
Esta denuncia ha sido frecuente en el marco de las aprehensiones poselectorales. En este sentido, la organización Foro Penal ha solicitado agilizar el proceso de liberación para personas con condiciones de salud graves como cáncer, hipertensión o problemas cardíacos.
Detenciones selectivas: una amenaza para la dirigencia política
Según el jurista entrevistado para la elaboración de este trabajo, las detenciones selectivas son un patrón que tiene lugar en el país tras las tensiones vividas luego del proceso electoral del 28 de julio de 2024. En este sentido, las autoridades venezolanas han admitido el arresto de más de 2 mil personas vinculadas con actos de protesta, por rechazar los resultados que arrojaron como ganador del proceso a Nicolás Maduro.
Desde julio de 2024, las calles se llenaron de manifestantes que exigían al Consejo Nacional Electoral presentar los resultados disgregados del proceso, solicitud que fue hecha también por la comunidad internacional y que el Ejecutivo sigue sin cumplir.
“La comisión está pidiendo que implemente su deber de proteger y velar por los derechos humanos de las personas que forman parte del sistema interamericano a través de estas convenciones y tratados que el Estado ha suscrito. Esto es un llamado de atención importante a las autoridades judiciales que son las encargadas de hacer valer estas medidas otorgadas por la comisión. Deben activar los mecanismos que están a su disposición, los jueces de las causas, para que esta situación de riesgo se disminuya o desaparezca. A nivel de derechos humanos, hay una situación preocupante, el señor Carlos forma parte de lo que se ha denominado detenciones selectivas de personas que tienen un perfil político y que entran en una esfera de desprotección total de sus derechos en distintas categorías. Por ejemplo, no se le ha permitido hasta la fecha la designación de un defensor de su confianza”, manifestó la fuente.
Tercera vez siendo preso político
Carlos Chancellor fue apresado el pasado 7 de agosto de 2024 en la alcabala de la Guarapera, El Tigre, estado Anzoátegui. Según entrevistas con sus allegados, se dirigía a visitar a uno de sus hijos para luego dirigirse a la ciudad de Caracas. Los cargos imputados son incitación al odio e incitación a la rebelión.
Chancellor cuenta con una extensa trayectoria política. Fue cuatro veces alcalde del municipio Sifontes (1995-2000; 2000-2004; 2008-2013 y 2013-2017), en Bolívar, anteriormente ya había sido detenido por sus posiciones políticas, la primera vez durante el gobierno de Hugo Chávez.
Tras el proceso electoral del 28 de julio, había publicado mensajes en redes sociales exigiendo la liberación de jóvenes en la localidad de Tumeremo, entre ellos menores de edad, vinculados con las manifestaciones poselectorales.
“Él es detenido por su rol en su municipio, donde es un líder comprobado. También se han vulnerado sus derechos a la salud y la integridad personal, es un adulto mayor y tiene patologías relacionadas a sus ojos, lesiones en el cuerpo que pueden ser cancerígenas… Toda persona, independientemente del motivo de detención, tiene derecho a la vida y que se corrija toda patología que pueda llevarlo a la muerte. Hay una detención arbitraria originada, sin orden judicial, en una alcabala, entregado a distintos componentes y que ha dificultado hacer valer todos los derechos mencionados”, cerró Monsalve.
