El gobierno de Donald Trump ha decidido poner fin al uso de aviones militares para trasladar a migrantes indocumentados a la base militar de Guantánamo y para deportarlos a sus países de origen, debido a su alto costo.
The Wall Street Journal reveló este miércoles que el último vuelo militar destinado a deportaciones se efectuó el primero de marzo. Se prevé que la suspensión continúe e incluso se convierta en permanente.
El informe del diario reveló que la administración Trump ha utilizado aviones militares C-17 y C-130 para alrededor de 50 vuelos de deportación hacia Guantánamo, países latinoamericanos y la India, y que en algunos casos las aeronaves han evitado sobrevolar México, lo que ha generado rutas más largas.
Señaló que específicamente tres vuelos militares a la India costaron aproximadamente 3 millones de dólares cada uno. Además, varios de estos han transportado a solo unas pocas personas a Guantánamo, con costo de 20.000 dólares, cifras mucho más altas de lo habitual.
Altos costos en vuelos complican la deportación
Para poner esto en perspectiva, un vuelo típico operado por la Agencia de Inmigración y Aduanas (ICE) cuesta alrededor de 8.500 dólares por hora. Este monto se eleva a aproximadamente 17.000 dólares por hora para trayectos internacionales. En contraste, los vuelos en aviones militares C-17 tienen costo estimado de 28.500 dólares por hora.
En ciertas situaciones, como con México, las autoridades no han permitido que los aviones militares estadounidenses aterricen y han optado por enviar sus propias aeronaves para repatriar a sus ciudadanos o han llegado a acuerdos para transportes mediante vuelos comerciales.
Desde que Trump asumió la presidencia el 20 de enero, ha lanzado una amplia campaña para deportar a migrantes indocumentados, centrándose especialmente en aquellos considerados criminales.
En diversas ocasiones se han llevado a cabo arrestos masivos, con casi mil detenciones en un solo día, lo que ha resultado en muchas expulsiones rápidas. Sin embargo, aseguran que con estas medidas el gobierno estadounidense buscó “enviar un mensaje” claro sobre su política contra la inmigración irregular.
