La organización no gubernamental Provea denunció este domingo el deterioro progresivo del poder adquisitivo de los venezolanos, tras tres años sin ajustes en el salario mínimo, fijado en 130 bolívares mensuales (equivalente a aproximadamente dos dólares, según el tipo de cambio oficial).
A través de un comunicado en su cuenta de X, la ONG advirtió que este estancamiento ha destruido el ingreso y el ahorro de las familias, al tiempo que el Gobierno ha sustituido el salario por una política de bonificación irregular que no genera beneficios laborales.
El salario mínimo, prácticamente inexistente
Desde marzo de 2022, el salario mínimo en Venezuela ha perdido más del 90 % de su valor en dólares, pasando de 30 dólares a apenas dos. En la actualidad, el Gobierno de Nicolás Maduro complementa este salario con bonos gubernamentales de hasta 130 dólares, pero estos no tienen incidencia en prestaciones, jubilaciones ni otros derechos laborales.
Provea también denunció que el Ejecutivo ha desmantelado la negociación colectiva, un derecho fundamental amparado en el Convenio 154 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), del cual Venezuela es parte.
«El salario ha dejado de existir en la práctica y en el discurso», alertó la ONG, asegurando que Maduro impone un modelo económico opaco y represivo, alejado de los intereses de los trabajadores y sustentado en la vulneración de sus derechos.
Un aumento insostenible bajo la crisis económica
Pese a la exigencia de los sindicatos de un salario mínimo de al menos 200 dólares mensuales, economistas advierten que el Estado no tiene la capacidad financiera para asumir un incremento de esta magnitud, debido a la crisis económica y al elevado número de empleados públicos y pensionados.
El Gobierno, por su parte, atribuye la imposibilidad de aumentar los sueldos a las sanciones internacionales, mientras los trabajadores denuncian que el país cuenta con recursos suficientes para hacer frente a la crisis, pero que las prioridades gubernamentales han dejado de lado la protección social.
Organizaciones sindicales y de derechos humanos continúan exigiendo un ajuste salarial digno y sostenible, en un contexto donde el salario mínimo se ha convertido en un ingreso simbólico, insuficiente incluso para cubrir un pasaje de transporte público.
