En un campamento remoto, rodeado por la selva del Darién y bajo estricta vigilancia, más de 100 migrantes deportados recientemente a Panamá enfrentan un futuro incierto. Estas personas, provenientes de distintos países, llegaron a la frontera sur de Estados Unidos con la esperanza de solicitar asilo, pero fueron expulsadas rápidamente a Centroamérica en el marco de una política de deportaciones aceleradas.
El campamento de San Vicente, ubicado a cuatro horas de la capital panameña, es ahora el centro de detención improvisado para estas personas. Allí, duermen en catres o en bancos de madera, rodeados de vallas y guardias armados. Periodistas y abogados han denunciado la falta de acceso al lugar y la ausencia de organismos de ayuda internacional operando en el sitio.
Un limbo migratorio sin respuestas claras
Del grupo de 300 personas deportadas a Panamá en las últimas semanas, más de la mitad aceptaron ser repatriadas a sus países de origen. Sin embargo, 112 migrantes han manifestado que regresar es demasiado peligroso o que carecen de documentación para hacerlo.
Entre los migrantes varados en el campamento hay mujeres afganas que huyen del régimen talibán y cristianos conversos de Irán. También al menos ocho niños forman parte del grupo, según funcionarios panameños. Ninguno ha sido acusado de delitos.
Sahar Bidman, una madre iraní de 33 años, relató en comunicación con The New York Times: “Nos están tratando como prisioneros. Cuando quiero llevar a mis hijos a la ducha, nos escoltan”.
El gobierno panameño ha reconocido que los migrantes carecen de documentos esenciales para continuar su viaje, pero no ha aclarado qué hará con ellos ni si se les ofrecerá asilo en Panamá o en otro país.
Críticas y preocupaciones internacionales
El relator especial de la ONU, Gehad Madi, visitó recientemente el campamento y lo calificó de «centro de detención», expresando su “extrema preocupación” por la falta de base legal para retener a los migrantes.
Un abogado panameño presentó un recurso de habeas corpus ante la Corte Suprema del país, argumentando que la detención del grupo es ilegal. Mientras tanto, el presidente Raúl Mulino evitó aclarar si permitirán que los migrantes soliciten asilo en Panamá o sean enviados a otro país.
Por su parte, el gobierno de Estados Unidos ha evitado pronunciarse directamente sobre la situación, indicando que Panamá es responsable de los migrantes en San Vicente. Sin embargo, se ha confirmado que Estados Unidos financia la alimentación y alojamiento de estas personas a través de la Agencia de la ONU para los Refugiados.
Las autoridades panameñas han negado que el campamento tenga condiciones carcelarias, pero la falta de acceso de organismos humanitarios y la ausencia de una solución clara han incrementado la presión internacional sobre el gobierno panameño y la administración de Donald Trump.
Mientras tanto, los migrantes continúan atrapados en la selva del Darién, sin saber qué les depara el futuro.
