La nueva legislación en Florida, conocida como Ley SB-2, impone penas más severas a los inmigrantes sin estatus legal en Estados Unidos que sean condenados por delitos dentro del estado. La medida, impulsada por el gobernador Ron DeSantis, endurece las penas para delitos menores y establece la aplicación obligatoria de la pena de muerte en casos de asesinato en primer grado.

Principales cambios de la Ley SB-2

Entre las modificaciones más significativas, la normativa contempla que:

• Las penas para delitos menores cometidos por inmigrantes sin estatus legal serán más altas. Por ejemplo, mientras que un ciudadano estadounidense puede recibir hasta un año de cárcel y una multa de $1,000 por hurto menor, un inmigrante indocumentado enfrentará hasta cinco años de prisión y una multa de $5,000 por el mismo delito.
• La pena de muerte será obligatoria en casos de asesinato en primer grado cuando el acusado no tenga estatus migratorio regular, eliminando la discrecionalidad de los jueces en estas sentencias.

El gobernador Ron DeSantis defendió la medida asegurando que Florida será un estado más seguro y que las disposiciones podrían servir como modelo para otras jurisdicciones en el país.

Críticas y desafíos legales

Expertos legales han cuestionado la constitucionalidad de la ley, especialmente en lo que respecta a la pena de muerte obligatoria. Kara Gross, representante de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), señaló que esta medida podría ser inconstitucional, ya que la Corte Suprema de EE.UU. falló en 1976 que las sentencias de muerte automáticas violan la Octava Enmienda, que prohíbe castigos crueles e inusuales.

Asimismo, la legislación podría enfrentar desafíos bajo la Cláusula de Igual Protección de la Decimocuarta Enmienda, que impide la discriminación en la aplicación de la ley.

Reacciones y efectos en la comunidad

Organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes han calificado la ley como discriminatoria y punitiva, argumentando que criminaliza aún más a las comunidades inmigrantes en Florida.

Por otro lado, sectores como la agricultura, la construcción y la hostelería han expresado su preocupación, ya que la aplicación estricta de estas sanciones podría generar escasez de mano de obra en industrias clave del estado.

Mientras tanto, otros estados como Texas, Alabama e Indiana están considerando medidas similares, lo que refuerza un endurecimiento a nivel estatal de las políticas migratorias en EE.UU.

La nueva legislación entrará en vigor en los próximos meses, aunque se espera que enfrente múltiples impugnaciones en los tribunales federales.