El grupo de expertos creado por el Consejo de Derechos Humanos para investigar los abusos en esa nación centroamericana, denuncia que el actual Gobierno en Managua ha convertido al país en un Estado autoritario.
El gobierno de Nicaragua, presidido por Daniel Ortega y Rosario Murillo, ha desmantelado los controles que quedaban sobre su poder, afianzando el autoritarismo mediante violaciones graves de los derechos humanos, reportó este miércoles el Grupo de Expertos dedicado a investigar ese tipo de atropellos a las garantías fundamentales en el país.
Con mandato del Consejo de Derechos Humanos de la ONU desde marzo de 2022, el grupo especializado denunció la transformación de Nicaragua en un Estado autoritario sin instituciones independientes que reprime a las voces disidentes y a la población en general tanto dentro como fuera del país.
La persecución, el exilio forzado y las represalias económicas son algunos de los abusos que se han cometido desde 2018 por el gobierno de Ortega y Murillo, pero que se han agudizado en el último año, cuando el Estado y el partido gobernante “se han fusionado en una maquinaria unificada de represión con impacto dentro y fuera de Nicaragua”, dijeron los expertos.
Vigilancia y control de la población
En un informe al Consejo de Derechos Humanos, el grupo investigador sostuvo que Ortega y Murillo operan una extensa red de inteligencia que supervisa a toda la población e identifica objetivos para la persecución, proveyendo “los ojos y oídos” que permiten obtener y mantener control total sobre las personas.
Según el reporte, el golpe final al estado de derecho se produjo con la entrada en vigor el 18 de febrero de una reforma constitucional que eliminó los controles constitucionales que quedaban, consolidando así el poder absoluto del Ejecutivo.
La reforma, explicó el Grupo, redujo los poderes judicial, legislativo y electoral a meros «órganos» a ser “coordinados” por la presidencia.
Los copresidentes controlan a todos los actores estatales y paraestatales, incluyendo fuerzas de seguridad, agencias de inteligencia y el Frente Sandinista de Liberación Nacional.
Estas entidades operan en conjunto para violar derechos y silenciar a la oposición, expone el informe.
En cuanto al ejército, los expertos encontraron que participó junto con la policía y grupos paramilitares en la represión de las protestas masivas de 2018, que dejaron más de 300 muertos.
Además, el gobierno ha aumentado las detenciones arbitrarias, la privación arbitraria de nacionalidad y las expulsiones forzadas, apuntando contra cualquier persona percibida como una amenaza.
En septiembre de 2024, 135 presos políticos fueron expulsados a Guatemala y despojados de su nacionalidad, sumando un total de 452 los nicaragüenses que han sido desnacionalizados de forma arbitraria. En los últimos meses, las autoridades también han incrementado la confiscación de propiedades privadas.
Un Gobierno en guerra contra su propio pueblo
“Este es un gobierno en guerra contra su propio pueblo”, afirmaron los expertos.
Asimismo, subrayan que algunas de las violaciones documentadas en el informe equivaldrían a crímenes de lesa humanidad, particularmente las referentes a la persecución por motivos políticos.
El documento presentado al Consejo de Derechos Humanos incluye una lista de personas que, junto con Ortega y Murillo, podrían ser responsables de estas violaciones y crímenes.
Los nombres se entregarán al gobierno nicaragüense y a los individuos involucrados, y se harán públicos antes de la conclusión de la actual sesión del Consejo de Derechos Humanos el 4 de abril, una vez que hayan tenido la oportunidad de responder.
Llamado a la comunidad internacional
Dada la escala de las violaciones, el Grupo de Expertos instó a la comunidad internacional a tomar medidas decisivas, advirtiendo que la inacción solo fortalecerá al régimen y prolongará el sufrimiento del pueblo nicaragüense.
Los expertos también llamaron a que se brinde mayor apoyo a la sociedad civil nicaragüense, incluyendo medios de comunicación independientes y organizaciones que documentan violaciones de derechos humanos.
Del mismo modo, recomendaron emprender acciones legales contra Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) por violaciones a la Convención contra la Tortura y la Convención para Reducir los Casos de Apatridia, así como ampliar las sanciones específicas contra los responsables de la represión.
“La comunidad internacional no puede limitarse a ser testigo, sino que debe tomar medidas concretas y urgentes—acciones legales, procesos judiciales y sanciones específicas— para hacer que el gobierno y los responsables individuales rindan cuentas”, apuntó el Grupo de Expertos.
