“Denunciamos la violación sistemática de los derechos humanos. Este documento, que fue consignado el 18 de octubre de 2024, refleja nuestra lucha por garantizar condiciones óptimas para los detenidos”, afirmó Aurora Silva, esposa de Freddy Superlano, este jueves 27 de febrero, frente al Ministerio para los Servicios Penitenciarios, cuarta parada de la ruta por la libertad de los presos políticos que ha tenido lugar durante esta semana.
Familiares de personas detenidas por razones políticas se congregaron frente al organismo para exigir condiciones carcelarias dignas, en línea con las Reglas Mandela, tratado internacional al cual está adscrito el Estado venezolano. Entre sus demandas, destacaron la necesidad de garantizar el derecho a las visitas, ya que muchos presos políticos llevan meses sin recibir a sus seres queridos, mientras que otros solo pueden hacerlo en condiciones y horarios limitados.
“Nosotras, las familias en aislamiento prolongado, no hemos obtenido ningún avance ni recibido información o respuestas oficiales. Hemos acudido a todas las instancias posibles, pero seguimos en la misma situación”, denunció Silva.
Añadió que tiene siete meses sin ver a su esposo y que también le están violando el derecho a sus hijas, quienes son menores de edad y no han podido ver a su padre.
“Al igual que mi esposo, se encuentran otras personas en la misma situación, como es el caso del señor Biagio Pilieri, Perkins Rocha, Carlos Azuaje, Alfredo Díaz, Enrique Márquez, Roland Carreño, Pedro Guanipa, Jesús Armas. Todas estas personas no han podido ver a sus hijos, ¿cómo le explicas esto a un niño?’”, sentenció.
Durante la actividad, los familiares instalaron una celda simbólica en la que colocaron los nombres de quienes son considerados presos políticos. Esta poderosa representación buscaba visibilizar que, cuando una persona es privada de su libertad, toda su familia también vive encerrada, compartiendo el dolor, la incertidumbre y las consecuencias de la detención.
“El silencio también es tortura”, dijo la esposa de Superlano, acotando que continuarán alzando su voz hasta que cada detenido salga de la cárcel con libertad plena.
A medida que el tiempo pasa, la situación de salud de algunos presos políticos se va agravando, como es el caso de Karyn Bastidas, detenida desde hace siete meses en el Comando Nacional AntiExtorsión (Conas) de Santa Rosa, en Barquisimeto. Su padre relató que hacen todo lo posible por llevarle los insumos que necesita, pero la situación es cada vez más difícil.
“La salud de mi esposa, sobreviviente de cáncer, también se está deteriorando. Lo único que hace es llorar. Para nosotros esta situación es muy dura, ya que tenemos a cargo a una de sus hijas, quien recientemente también se enfermó”, contó el padre de Karyn a RunRun.es.
Familiares siguen sin respuesta
Cuatro representantes, en nombre de los detenidos en diferentes centros en Venezuela, ingresaron al ministerio para entregar una carta. Cada uno de ellos simbolizaba un lugar clave: el Centro Penitenciario de Aragua, conocido como Tocorón; El Helicoide; Rodeo I; y diversos comandos policiales.
En días recientes, todos los presos que se encontraban en el centro penal de Tocuyito fueron trasladados a Tocorón, un hecho que ha generado preocupación entre los familiares y organizaciones de derechos humanos.
En la carta entregada, se destacaron varias demandas urgentes: permitir visitas familiares sin restricciones arbitrarias, garantizar servicios médicos adecuados, autorizar el ingreso de alimentos y medicinas en cumplimiento de los estándares internacionales, respetar los derechos y deberes consagrados en el Código Orgánico Penitenciario, cesar los traslados arbitrarios y establecer una mesa de diálogo con el Comité por la Libertad de los Presos Políticos.
Tras entregar el documento, recibido por Ángelo, director General de Atención a las Familias, los representantes salieron sintiéndose “burlados”. Dentro de la institución, les aseguraron que se están respetando los derechos humanos de las personas detenidas, argumentando que quienes permanecen en prisión es porque cometieron actos delictivos, como “la quema de Simoncitos, hospitales y monumentos”.
Además, el funcionario insinuó que los detenidos por razones políticas están financiados por políticos de la oposición, una afirmación que generó rechazo entre los presentes.
Andreína Baduel, miembro del Comité por la Libertad de los Presos Políticos, expresó su frustración: “En medio de la conversación, le tuve que preguntar si se trataba de un discurso político o si, en realidad, nos iban a dar respuestas concretas a nuestras solicitudes”.
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