Aunque ya se encuentra en poder de la directiva de la Asamblea Nacional el borrador del proyecto para la reforma de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, no se sabe cuáles son los 80 artículos de la misma que serán modificados o sustituidos por otros para que se cumplan los propósitos anunciados por Nicolás Maduro de lo que él considera ampliación de la democracia y la construcción del nuevo Estado, definir con claridad el perfil de la sociedad que el gobierno quiere desde el punto de vista cultural e institucional, así como echar las bases de una nueva economía autosustentable, no dependiente, diversificada y productora de riqueza, que satisfaga necesidades del pueblo.
Se supone que el nuevo Estado a proponer es del tipo comunal, como ya lo dijo a fines del año pasado el propio Maduro cuando afirmó que “estamos más preparados”, en relación a la misma propuesta que hiciera su antecesor, Hugo Chávez, en el 2007; pero, no obstante, éste gozar en ese momento de gran popularidad, le fue rechazada y, por supuesto, no pudo volverla a hacer.
Lea también: Macario González: Es innecesaria una reforma constitucional porque la vigente garantiza la democracia
Ya Maduro nombró una comisión nacional para esa reforma, con el fin de hacer consultas, la cual está presidida por el fiscal general, Tarek William Saab; la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez; la diputada Cilia Flores, esposa del mandatario; y Hermann Escarrá, como secretario ejecutivo. Al grupo han sido incorporados el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez; la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, Caryslia Rodríguez; el presidente del Consejo Nacional Electoral, Elvis Amoroso; y el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López. Y a ellos, otras 18 personas vinculadas al gobierno y al partido oficialista.
Dado el interés que tiene el asunto, El Impulso ha consultado a uno de los más respetados profesionales del Derecho en nuestro país, como es el doctor Nelson Chitty La Roche, profesor de la Universidad Central de Venezuela, escritor, y quien fue diputado del desaparecido Congreso Nacional, en cuyo ejercicio presidió 35 comisiones especiales y después de esa experiencia prefirió volver a la docencia universitaria.
¿Cuál es su punto de vista acerca de esta propuesta de reforma constitucional?
Habría que ver primero cuál realmente es el objetivo de la reforma y hasta dónde no se alteran los principios y fundamentos de la Constitución, porque lo que está previsto en el título noveno, artículo 342, de un lado; del otro, hay que preguntarse hasta dónde los problemas que el país tiene, se resuelven abordando una reforma constitucional.
En el primer caso, yo me temo que puede exceder por lo que se escucha. Todavía no hay una opinión definitiva porque no se dispone del proyecto, pero yo quisiera ver hasta dónde realmente es materia de una Constitución, o más bien eso significaría algo de más alcance, motivo por el cual sugeriría la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente. Eso en cuanto a procedimiento refiere.
El segundo aspecto tiene que ver con la situación del país, y si realmente volver a consultar al ciudadano sí queremos un socialismo o no, que es lo que puede estar en el trasfondo de todo esto, que es, a su juicio, lo que le puede ayudar a resolver los problemas con los servicios públicos (agua, electricidad, combustibles) y es lo que puede ayudar a resolver el problema del muy bajo salario, el transporte deficiente, la inseguridad, las dificultades que hay en los hospitales, ya que los enfermos no pueden resolverlos porque éstos van en procura de asistencia y atención; y, desde luego, los temas de ciudadanía, si es que esos asuntos apremiantes de la gente los resuelve una nueva Constitución, cuyo objetivo es hacer que Venezuela se asuma como un Estado socialista. Personalmente, tengo muchas observaciones que hacer por cuanto hay que conocer cuáles son los artículos que se pretenden reformar.
Aunque Maduro no ha dicho cuáles son los artículos que quiere modificar, sin embargo no ocultó que tiene un gran interés en que en esa reforma se establezcan, según sus propias palabras, “penas draconianas” ante las amenazas contra su gobierno. Claramente, ¿no está insinuando que busca golpear más duramente a la oposición que lo ha venido enfrentando?
En realidad eso ya se viene haciendo con la sanción de algunas leyes, claramente, inconstitucionales. Voy a hablar de una de ellas en este momento: la ley Simón Bolívar. Primero que todo advierto que es un instrumento con sesgos políticos manifiestos, que persigue la disensión, condena la opinión contraria e incluso, criminaliza la ciudadanía. El ejercicio del derecho a participar que ellos (el gobierno y su partido) dicen, van a reivindicar y resaltar en la reforma, siempre y cuando sea plegándose, adhirièndose, a la versión oficial y a los propósitos de quienes gobiernan. El que piensa distinto, de acuerdo a esa ley, corre el serio peligro de asegurarse, lo que algunos observadores han llamado, la muerte civil; vale decir, des ciudadanizados y comprometidos el ejercicio de sus derechos, e incluso se habla de penas de 50 y hasta de 60 años, lo cual no es sólo contrario a la Constitución sino a lo que se consideran principios intangibles contenidos en ella; es decir, los que resultan de la historia constitucional venezolana.
¿Por qué se les llama intangibles?
Porque no pueden ser alterados.
¿Cómo interpretar la idea de ampliación y perfeccionamiento de la democracia, expuesta por Maduro en su propuesta de reforma constitucional?
No sé si referirá al 28 de julio pasado cuando se produjo una consulta al soberano, éste se expresó en un sentido distinto a lo que significaba la continuidad que Maduro representa y fue desconocida. Un golpe de estado a la soberanía aconteció el 28 de julio del 2024. ¿Qué clase de democracia van a ampliar, perfeccionar y profundizar? ¿Esa que desconoce los principios republicanos y entre ellos el Estado social, democrático, de derecho y de justicia? Nos preguntamos si lo que van a tratar de hacer es alejar de la decisión real al ciudadano, estableciendo mecanismos de segundo grado para la elección y filtrando completamente la participación a través del llamado Estado comunal, que es todo menos realmente descentralización y, por el contrario, apunta a darle más y más poder al Ejecutivo Nacional.
¿Cree posible que se llegue a aprobar lo que Maduro ha denominado Estado social y comunal?
Lo que quieren es ver cómo insertan institucionalmente a las comunas. En la Constitución actual, la distribución vertical del poder comienza desde la base, que es el municipio; luego tiene a los estados, miembros de la federación; y en la cúspide a la república federal. Ellos quisieran alterar las cosas, de manera de llegar a lo que se llama las comunas y el Estado comunal. Peligrosísimo es esto, porque en el fondo lo que se pretende es ideologizar a la sociedad, como acontece en Cuba. Cuidado. Ahí está el peligro que subyace en esa reforma constitucional.
Y, por último, ¿Qué pasará si se logra el objetivo de transformar las estructuras de gobernaciones y alcaldías?
Simplemente, quitarle todo el poder para dárselo a las tales comunas, que serían las que controlarían todo: las calles, edificios y viviendas de urbanizaciones. No se podría acceder a nada si eres un ciudadano crítico. En el fondo, eso es cubanizar a Venezuela.
