Trabajo de www.talcualdigital.com
Un grupo de venezolanos afectados por la revocatoria de la extensión del Estatuto de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) presentó una demanda contra el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
La demanda fue presentada por la Alianza Nacional TPS (NTPSA), junto con otras organizaciones del norte y el sur de California. Los demandantes alegan que la Secretaria Kristi Noem tomó dos acciones ilegales en la semana siguiente a asumir su papel al frente del DHS.
«Tres días después de su confirmación, ‘anuló’ una extensión de las protecciones del TPS para los venezolanos que residen en los Estados Unidos, apenas unas semanas después de que la extensión se publicara debidamente en el Registro Federal», señala el documento que presentaron ante el Tribunal de Distrito de EEUU y alega que la decisión es «ilegal por múltiples razones».
Los demandantes están representados por la National Day Laborer Organizing Network (NDLON), las fundaciones ACLU del Norte y Sur de California y el Center for Immigration Law and Policy (CILP) de la Facultad de Derecho de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA).
Los afectados exponen que la secretaria Noem «no tenía autoridad para ‘deshacer’ la extensión legal de la protección humanitaria a los inmigrantes venezolanos por parte de la administración Biden. Y la explicación de su decisión es irracional y está plagada de errores jurídicos. La Ley de Procedimiento Administrativo exige una toma de decisiones razonada, lo que no es el caso», dijo Jessica Bansal, abogada de la NDLON.
La administración de Donald Trump, que apenas cumple un mes de haber tomado el poder en EEUU, puso fin a la extensión del TPS para ciudadanos venezolanos. La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, decidió no conceder una prórroga del TPS, revirtiendo una decisión tomada por el Departamento en tiempos de Biden y dejando a unas 600.000 personas en el limbo.
Sin la protección del TPS, unos 350.000 venezolanos, beneficiarios del TPS, podrían perder su estatus legal humanitario el próximo 7 de abril y su autorización de trabajo el 2 de abril; con lo que quedan expuestos a la deportación. Se prevé que otros 250.000 venezolanos pierdan esta protección en septiembre de este año.
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