El exdiputado Rafael Narváez denunció que las restricciones a las visitas de los políticos presos y ciudadanos detenidos por motivos políticos son una violación a sus derechos humanos, asegurando que el sistema penitenciario comete “una acción reprochable contra la humanidad”.
El defensor de derechos humanos, ha condenado esta medida, calificándola de ilegal e inhumana, así mismo, destacó que “las visitas de los familiares a los detenidos, es algo sagrado y es prohibido negarlo”.
Visitas de los familiares son un derecho
Narváez argumenta que la prohibición de visitas viola el código penitenciario y los derechos humanos, incluyendo el artículo 43 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que establece la responsabilidad del Estado en la preservación de la vida de los privados de libertad.
Según el defensor, algunos presos políticos llevan meses sin poder ver a sus familiares, lo que impide conocer su estado de salud.
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Acceso a evaluación médica
El abogado también denuncia que se niega el acceso a médicos para evaluar la salud de los detenidos, incluyendo a 11 periodistas. Narváez responsabiliza al sistema penitenciario de la salud y la vida de todos los presos políticos, y califica la suspensión de visitas como un acto reprochable contra la humanidad.
Narváez sostiene que esta situación es el resultado de un sistema de justicia que ha abandonado la imparcialidad, priorizando la disciplina partidista sobre el respeto a los derechos humanos y las garantías constitucionales.
La organización no gubernamental Justicia, Encuentro y Perdón exigió atención médica inmediata para cuatro políticos opositores venezolanos que se encuentran detenidos tras la crisis postelectoral en el país, quienes no han recibido las atenciones que su salud requiere según la ONG.
Américo de Grazia, Aldo Roso, Carlos Chancellor y Perkins Rocha presentan diversas patologías que requieren tratamiento urgente, denunció la ONG en un mensaje publicado en X.
