Un juez federal del Distrito de Columbia ha bloqueado temporalmente la orden del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de congelar la ayuda exterior canalizada a través de la Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID).
La decisión, emitida este jueves por el juez Amir Ali, responde a una demanda presentada por dos organizaciones de salud que dependen de fondos gubernamentales para financiar programas humanitarios en el extranjero. Según el fallo, la administración de Trump no podrá suspender ni cancelar la ayuda exterior previamente aprobada antes del inicio de su mandato.
Impacto global y preocupación en el sector humanitario
La orden de Trump, emitida a finales de enero, instruía al secretario de Estado, Marco Rubio, a frenar la asistencia exterior con excepción de los fondos destinados a Israel y Egipto, y el suministro de alimentos en casos de emergencia extrema.
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La decisión generó alarma en organizaciones humanitarias que dependen de los contratos con EE.UU. para continuar sus operaciones en zonas vulnerables. Naciones Unidas advirtió que Estados Unidos es el principal proveedor de ayuda internacional, con aproximadamente 72.000 millones de dólares destinados en 2023, lo que representa el 40 % del total de la asistencia humanitaria global.
Desde el Departamento de Estado, se justificó la medida como un “mecanismo de control” para garantizar que cada dólar invertido contribuya a hacer de EE.UU. “un país más seguro, fuerte y próspero”. Además, como parte del proceso de revisión de la ayuda, 50 altos funcionarios de USAID fueron suspendidos por presunta resistencia a la nueva política.
Reacciones y próximos pasos
El fallo del juez Ali representa un revés para la administración Trump, que defendió la congelación de fondos como una medida necesaria para prevenir el “despilfarro” y evaluar la efectividad de los programas de asistencia.
A medida que avanza el proceso judicial, organizaciones internacionales y legisladores demócratas han instado a la Casa Blanca a restablecer la ayuda exterior y garantizar el cumplimiento de los compromisos humanitarios adquiridos previamente.
Por ahora, la decisión judicial impide que el Gobierno aplique la suspensión de fondos, pero el caso sigue en disputa y podría escalar a instancias superiores en los próximos meses.