Como una situación irregular considera el exdiputado Pedro Pablo Alcántara la que se presentara a partir de abril de este año cuando sean electos los integrantes de la Asamblea Nacional, porque no se juramentarán de inmediato, ni mucho menos se incorporarán a la cámara, ya que tendrán que esperar hasta el venidero 5 de enero del 2026 para cumplir el ejercicio para el cual deben ser electos.
Este hecho, prosiguió, nos lleva a preguntar: ¿Qué tareas van a cumplir esos diputados en más de ocho meses? Porque los diputados que están actualmente tienen todavía parte de su período sin concluir.
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Si a los nuevos diputados se les tiene que pagar porque ya entran en la nómina de funcionarios y no van a hacer nada, hay una clara violación de la Ley contra la corrupción.
Estas elecciones tienen como objetivo que la gente se olvide de lo ocurrido el 28 de julio del año pasado cuando fueron efectuadas las elecciones presidenciales, comentó el exparlamentario. Cuando se restablezca en el país el Estado de Derecho todas estas situaciones serán analizadas por el Poder Judicial y por el poder de Control del gasto público, que es la Contraloría General de la República, y en esas instancias saldrán responsabilidades no solamente atinentes a delitos contra la cosa pública por manejos indebidos de fondos públicos sino también a delitos de abusos de poder, que corresponderá determinar al Poder Ciudadano y al Tribunal Supremo de Justicia cuando todas esas actuaciones se formalicen.
El problema de Venezuela no es que no haya legitimidad en la capacidad que tiene el pueblo de Venezuela para cumplir sus deberes formales, escogiendo por la vía del voto a funcionarios por elección, adicionó. El problema es la confiscación del ejercicio democrático y el uso indebido de fondos públicos contra el interés general de la República y, al mismo tiempo, contribuyendo a la mala reputación de gobiernos irresponsables que han venido abusando de sus competencias y atribuciones legales, habiéndose convertido en infractores.
