Las autoridades chilenas sospechan que la Embajada de Venezuela en Santiago sirvió como base de operaciones para agentes de contrainteligencia vinculados al régimen de Nicolás Maduro, quienes podrían haber estado involucrados en el secuestro y asesinato del exmilitar venezolano Ronald Ojeda en febrero del año pasado.
Ojeda, exteniente del Ejército venezolano y disidente del chavismo, vivía en Chile bajo asilo político tras ser declarado traidor por el Gobierno de Maduro. Según la información ofrecida por agencia EFE, en la madrugada del 21 de febrero de 2024, un grupo de hombres disfrazados de policías irrumpió en su residencia y lo secuestró frente a su familia.
Nueve días después, su cuerpo fue hallado dentro de una maleta, enterrado bajo concreto en una zona controlada por el Tren de Aragua. Una autopsia determinó que Ojeda murió por asfixia, y la investigación posterior ha llevado a fiscales chilenos a imputar a 19 personas, entre ellas miembros de la organización criminal transnacional.
Embajada bajo sospecha
Un alto funcionario chileno reveló al The New York Times que existen pruebas que vinculan a la sede diplomática venezolana con actividades de contrainteligencia en Chile. Se sospecha que agentes venezolanos utilizaron la embajada para vigilar y posiblemente coordinar acciones contra disidentes en el país.
El uso de embajadas para operaciones de espionaje no es una estrategia nueva, y exfuncionarios desertores del oficialismo venezolano han denunciado la existencia de estas redes en el extranjero. En el caso de Santiago, la investigación sugiere contactos entre personal vinculado a la embajada y miembros del Tren de Aragua, lo que refuerza la hipótesis de una operación encubierta orquestada desde el régimen venezolano.
Crisis diplomática entre Chile y Venezuela
El caso ha generado un fuerte deterioro en las relaciones entre ambos países. Venezuela ordenó el cierre de los consulados chilenos en su territorio y suspendió sus relaciones diplomáticas con el país, mientras que el presidente Gabriel Boric advirtió que, de confirmarse la implicación de la administración de Maduro, se trataría de una violación a la soberanía de Chile y a los derechos humanos.
El Gobierno venezolano ha negado cualquier responsabilidad en el crimen y ha calificado las acusaciones como infundadas. Sin embargo, la investigación sigue en curso y las autoridades chilenas continúan reuniendo pruebas que podrían confirmar la participación de agentes del chavismo en el asesinato de Ronald Ojeda.
Este caso se suma a las crecientes preocupaciones sobre la presencia de redes criminales transnacionales en la región y la influencia de grupos vinculados al gobierno venezolano en actividades ilícitas fuera de sus fronteras.
