ONG venezolanas exigieron este domingo la liberación de la activista y presidenta de la organización no gubernamental Control Ciudadano, Rocío San Miguel, quien cumple un año detenida.
Además, solicitaron una medida humanitaria que permita a médicos de su confianza atender una fractura en el hombro derecho que padece.
El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció que, durante estos doce meses, San Miguel ha sido sometida a un proceso judicial que calificó de «viciado», «plagado de irregularidades» y con «violaciones» a las formalidades legales.
San Miguel fue acusada por la Fiscalía de estar vinculada a una supuesta conspiración contra altos funcionarios del gobierno venezolano.
Fue detenida el 9 de febrero de 2024 en el aeropuerto internacional de Maiquetía, cuando se disponía a viajar junto con su hija.
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«Ha sido víctima de un sistema que criminaliza la defensa de los derechos humanos, buscando acallar su voz y la de quienes luchan por una Venezuela más justa y democrática», declaró el OVP en la red social X.
La organización también recordó que, en diciembre de 2024, la activista fue diagnosticada con una fractura en el hombro derecho que requiere una cirugía especializada. Subrayaron que este procedimiento debe ser realizado bajo la supervisión de sus médicos de confianza y con el apoyo de su familia.
