Miles de venezolanos que residían en Colombia con la esperanza de ser aceptados dentro del programa «Movilidad Segura» de las organizaciones ACNUR y OIM, se encontraron con un inesperado y desalentador mensaje: la iniciativa quedó inactiva tras una decisión del gobierno de Estados Unidos.
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Este programa de cooperación internacional permitía a los migrantes solicitar su reasentamiento en EE.UU. sin necesidad de recurrir a travesías irregulares hasta la frontera. ACNUR y OIM estaban evaluando los perfiles de aproximadamente 150.000 personas para determinar si cumplían con los requisitos de migración regular, brindando una vía segura y legal para su reubicación.
«Tras una decisión del gobierno de los Estados Unidos, la Iniciativa de Movilidad Segura ya no está activa. Por lo tanto, ACNUR y OIM no pueden procesar su caso para reasentamiento o proporcionar información sobre otras vías de ingreso a los Estados Unidos, las cuales ya no están disponibles«, informaba el mensaje recibido por los solicitantes. Como alternativa, se les exhortó a continuar sus procesos de integración social en Colombia.
La suspensión de este programa deja a miles de venezolanos en el limbo, interrumpiendo trámites que ya estaban en proceso en Colombia, Costa Rica, Ecuador y Guatemala. La cancelación también supone un riesgo de incremento en la migración irregular, ya que quienes esperaban una vía segura ahora podrían verse obligados a buscar rutas más peligrosas para llegar a EE.UU.
Administración de Trump oficializó la decisión
Desde finales de 2024, se rumoreaba sobre problemas operativos en el programa y su posible cierre. Sin embargo, la oficialización de su inactividad llegó justo semanas después de la asunción de Donald Trump a la Casa Blanca. Lina Arroyave, investigadora del equipo internacional de Dejusticia, señaló que «desde noviembre comenzaron las notificaciones a los beneficiarios indicándoles que el programa dejaría de funcionar. La situación ya se veía venir, pero solo fue oficializada tras la llegada de la nueva administración».
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El programa «Movilidad Segura» contaba con oficinas en Bogotá, Cali y Medellín, donde se realizaban los trámites para evaluar la elegibilidad de los migrantes. Algunos casos involucraban solicitudes de protección internacional, mientras que otros solicitaban traslado de país. El proceso de regularización tomaba alrededor de dos años y contaba con financiamiento de cooperación internacional.
Con la desactivación del programa, organizaciones humanitarias advierten sobre las posibles consecuencias para los venezolanos afectados y hacen un llamado a la comunidad internacional para buscar soluciones que garanticen la protección y seguridad de los migrantes en la región.