En respuesta a la grave crisis humanitaria desatada por la violencia guerrillera en la región del Catatumbo, una comisión humanitaria liderada por la Iglesia Católica, la Misión de la ONU en Colombia y la Defensoría del Pueblo, tomará acciones para mitigar el impacto del conflicto en la población civil.
Los enfrentamientos entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Frente 33 de las disidencias de las FARC han causado, desde el 16 de enero, al menos 47 muertes confirmadas y el desplazamiento de más de 50.000 personas.
La Defensoría del Pueblo anunció este lunes que la comisión buscará «abordar la situación en la región del Catatumbo, en aras de mejorar la vida de las personas en situaciones de vulnerabilidad». Asimismo, indicó que el Frente de Guerra Nororiental del ELN se ha comprometido a respetar las acciones de la comisión humanitaria, lo que podría facilitar la atención a las comunidades afectadas.
Crisis anunciada y escalada de la violencia
Desde noviembre de 2023, la Defensoría del Pueblo había advertido sobre la «situación de riesgo» en el Catatumbo a través de su sistema de alertas tempranas. Pese a estas advertencias, la violencia se intensificó en enero con enfrentamientos entre grupos armados ilegales, dejando un saldo estimado entre 60 y 80 muertos según distintas fuentes oficiales.
No obstante, la compleja situación de seguridad en las zonas rurales ha impedido el acceso de las autoridades, lo que podría significar un número de víctimas mayor al registrado.
Entre los fallecidos confirmados se encuentran seis firmantes del acuerdo de paz de 2016, y al menos nueve excombatientes de las antiguas FARC continúan desaparecidos.
Caravana humanitaria y llamado al cese de violencia
En un esfuerzo por encontrar soluciones, organizaciones sociales y la Comisión de Paz y Derechos Humanos del Senado colombiano llevarán a cabo una mesa humanitaria el martes en El Tarra, municipio gravemente afectado por el conflicto.
La jornada incluirá la participación de diversas entidades, entre ellas la Iglesia Católica y la ONU, además de la presencia del expresidente Ernesto Samper (1994-1998), quien enfatizó la importancia de promover «humanización en medio de la militarización».
«Escucharemos a las lideresas y líderes que están siendo perseguidos. Relanzaremos la propuesta de acuerdo humanitario a los actores armados, incluidas las fuerzas armadas, para que respeten los mínimos humanitarios y hablaremos de la necesidad de la presencia social y concreta del Estado», declaró Samper a través de la red social X.
Por su parte, la Comisión de Paz y Derechos Humanos del Senado subrayó que esta visita será clave para «buscar respuestas y acciones articuladas de las autoridades de la zona para la protección de la población afectada». Además, reiteró la importancia de alcanzar una tregua entre los grupos armados que desde enero han desatado la peor crisis humanitaria de los últimos años en Colombia a causa de la violencia.
