El Fiscal General de Venezuela, Tarek William Saab, informó este sábado 1 de febrero que el Ministerio Público (MP) ha liberado a casi 1.900 personas que permanecían detenidas tras las manifestaciones ocurridas tras las elecciones presidenciales de julio. Durante una entrevista en el canal estatal VTV, Saab explicó que las excarcelaciones se realizaron bajo medidas cautelares menos severas, permitiendo que los detenidos estuvieran en libertad mientras continúan las investigaciones.
Al mismo tiempo, insistió en que las investigaciones siguen en curso y que los liberados deberán seguir un régimen de presentación ante las autoridades. Saab detalló que, a pesar de la excarcelación de casi 1.900 personas, las investigaciones sobre los hechos de violencia poselectoral continúan.
“Están libres, pero la investigación sigue en curso. Estos casos se encuentran bajo un régimen de presentación, lo que significa que aún están sujetos a la ley y a futuras acciones judiciales”, comentó. El fiscal general también enfatizó que el MP ha recibido diversas cartas de familiares de los detenidos y ha mantenido reuniones con algunos de ellos para escuchar sus inquietudes. Además, señaló que no se descarta la posibilidad de continuar revisando casos para evaluar otras excarcelaciones.
Durante la entrevista, Saab destacó que los disturbios ocurridos el 29 y 30 de julio dejaron un saldo de 28 muertos, entre ellos dos efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), así como 190 heridos, de los cuales 100 eran policías y militares.
Estos eventos violentos se produjeron en el contexto de las protestas que siguieron al anuncio de la victoria de Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales, un resultado que fue cuestionado por la mayor coalición opositora, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), que asegura que su candidato, Edmundo González Urrutia, es el verdadero ganador.
Falta de transparencia en procesos judiciales
El fiscal explicó que, según las cifras oficiales, aproximadamente 2.400 personas fueron detenidas durante las protestas contra el resultado electoral. Aunque el gobierno y el MP insisten en que los detenidos no son “presos políticos”, diversos activistas, ONG y familiares han denunciado múltiples violaciones al debido proceso.
Estas incluyen la imposibilidad de designar abogados, el acceso restringido a los expedientes judiciales, traslados sin previo aviso a lugares alejados, incomunicación y la falta de atención médica a los detenidos. Sin embargo, las autoridades venezolanas han desmentido estas acusaciones, calificándolas de falsas.
Por otro lado, Saab reiteró que en Venezuela no existen personas arrestadas por motivos políticos, sino que todas las detenciones están relacionadas con delitos cometidos durante las protestas y en el contexto de los disturbios. En este sentido, el Ministerio Público sostiene que las investigaciones están dirigidas a esclarecer los hechos de violencia y determinar la responsabilidad de los involucrados, sin hacer distinciones ideológicas.
A pesar de las denuncias sobre presuntas irregularidades en los procesos judiciales y las condiciones de detención, el gobierno de Maduro continúa defendiendo la legalidad de las actuaciones del MP y de las fuerzas de seguridad en su accionar durante las protestas.
En contraste, organismos internacionales de derechos humanos han señalado que las detenciones masivas y las acusaciones de abusos contra los detenidos deben ser objeto de una investigación imparcial.
Continuarán las investigaciones
El proceso de revisión de los casos y las excarcelaciones realizadas hasta el momento reflejan el delicado equilibrio que el gobierno busca mantener en un contexto político extremadamente polarizado, en el cual la comunidad internacional y los sectores opositores insisten en la necesidad de una mayor transparencia y respeto por los derechos fundamentales de los ciudadanos.
Finalmente, el Ministerio Público de Venezuela ha señalado que continuará con sus investigaciones hasta esclarecer completamente los hechos de violencia relacionados con las protestas poselectorales y que tomará las decisiones pertinentes conforme a la ley.
