La crisis alimentaria en Venezuela continúa agudizándose. Un nuevo informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) revela que al menos 5 millones de venezolanos padecen hambre, lo que representa un retroceso significativo en comparación con años anteriores.
El estudio, elaborado en conjunto con otras agencias de la ONU, pinta un panorama desalentador de la situación nutricional en el país. La prevalencia de la subalimentación en Venezuela se ha disparado, ubicando al país entre los más afectados de América Latina y el Caribe, solo superado por Haití.
Según la FAO, el hambre se define como una sensación física de malestar o dolor causada por la falta de alimentos suficientes para mantener una vida saludable y activa. Esta situación se ha visto agravada por la crisis económica y social que atraviesa Venezuela desde hace varios años, lo que ha limitado el acceso de la población a alimentos básicos y nutritivos.
Los datos recogidos por la FAO indican que el período más crítico se registró entre 2018 y 2020, cuando se reportaron 7 millones de personas con hambre. Aunque la situación ha mejorado ligeramente en los últimos años, la cifra de venezolanos que sufren de desnutrición sigue siendo alarmante.
La crisis alimentaria tiene graves consecuencias para la salud y el desarrollo de millones de venezolanos, especialmente niños, mujeres embarazadas y adultos mayores. La desnutrición crónica puede provocar retraso en el crecimiento, desarrollo cognitivo deficiente y mayor susceptibilidad a enfermedades.
Las causas de la crisis alimentaria en Venezuela son múltiples y complejas, entre las que destacan la hiperinflación, la caída de la producción nacional, las sanciones internacionales y la falta de inversión en el sector agrícola.
Organizaciones internacionales y expertos han hecho un llamado a los gobiernos de la región y a la comunidad internacional para que se tomen medidas urgentes para abordar la crisis alimentaria en Venezuela. Entre las acciones propuestas se encuentran el aumento de la asistencia humanitaria, la inversión en programas de desarrollo agrícola y la promoción de políticas públicas que garanticen el acceso a alimentos saludables para toda la población.
