El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este lunes una orden ejecutiva para clasificar a los carteles mexicanos y organizaciones criminales extranjeras, como el Tren de Aragua, organizaciones terroristas.
El texto de la ley menciona al grupo criminal venezolano Tren de Aragua y a la pandilla salvadoreña MS-13 como ejemplos de organizaciones que deberían sumarse a esa clasificación.
Estos grupos pasarán a formar parte de una lista de organizaciones —que incluye al Estado Islámico y a Al-Qaeda— a las que las empresas y ciudadanos estadounidenses tienen prohibido dar «apoyo material».
«México probablemente no quiere esto», dijo Trump en el Despacho Oval tras firmar el decreto.
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Al ser preguntado por un reportero si la decisión implicaría atacar a los carteles en territorio mexicano, respondió: «Podría pasar, han pasado cosas más extrañas».
«La actividad de los cárteles amenaza la seguridad del pueblo estadounidense, la seguridad de Estados Unidos y la estabilidad del orden internacional en el Hemisferio Occidental», señala el texto de la orden ejecutiva, que «crea un proceso por el que ciertos cárteles internacionales y otras organizaciones serán designadas Organizaciones Terroristas Extranjeras».
«Otras organizaciones transnacionales, como el Tren de Aragua y La Mara Salvatrucha, suponen una amenaza similar para Estados Unidos«, añade el decreto presidencial.
Trump planea deportar a miembros del Tren de Aragua
En concreto, respecto al Tren de Aragua —un grupo criminal al que Trump hizo referencia en múltiples ocasiones durante la campaña, en discursos estigmatizando a todos los migrantes venezolanos— su gobierno ordenará la deportación de las personas que sean consideradas miembros de la banda, según indicó un funcionario del equipo de transición en una llamada con periodistas.
Este grupo, que surgió en una prisión venezolana y tiene presencia en varios países de Suramérica, fue sancionado ya en julio de este año por el Departamento del Tesoro bajo la Administración del demócrata Joe Biden.
MS-13, con orígenes y presencia en El Salvador, Honduras y Guatemala, también está sancionado por el Tesoro estadounidense desde 2012, bajo la presidencia de Barack Obama (2009-2017).
