El presidente de Corea del Sur, que está suspendido del cargo, abogó el sábado por su liberación ante un juez en Seúl mientras un tribunal revisaba si accede a la petición de agencias de seguridad para su detención formal.
Yoon, quien está detenido desde que su arresto el miércoles en una masiva operación de las fuerzas de seguridad en su residencia, enfrenta posibles cargos de rebelión vinculados a su declaración de la ley marcial el 3 de diciembre, que desencadenó la crisis política más grave del país desde su democratización a finales de la década de 1980.
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La Oficina de Investigación de Corrupción para Altos Funcionarios, que dirige una pesquisa conjunta con la policía y el ejército, solicitó al Tribunal del Distrito Occidental de Seúl una orden para la detención formal de Yoon.
Los abogados del mandatario dijeron que habló durante unos 40 minutos con el juez en una vista a puerta cerrada que duró casi cinco horas. Su equipo legal y las agencias anticorrupción presentaron argumentos opuestos sobre si debía permanecer bajo custodia. Los abogados no realizaron declaraciones más concretas.
Se espera que el juez tome una decisión más tarde en el día o a primera hora del domingo. La comitiva de Yoon fue vista saliendo del tribunal por la tarde en dirección al centro de detención donde esperará la decisión.
Si Yoon es arrestado, los investigadores pueden prorrogar su detención hasta 20 días, durante los cuales transferirán el caso a la fiscalía para que presente cargos. Si la corte rechaza el pedido, Yoon quedará libre y regresará a su residencia.
Yoon fue trasladado desde un centro de detención en Uiwang, cerca de Seúl, en una camioneta azul del Ministerio de Justicia escoltada por la policía y el servicio de seguridad presidencial.
La caravana entró en el estacionamiento subterráneo del tribunal mientras cientos de partidarios de Yoon se manifestaban en las calles cercanas en medio de una fuerte presencia policial, ondeando pancartas y gritando consignas a favor de su liberación. Algunos de los inconformes se saltaron momentáneamente las barreras policiales y tocaron los cristales del vehículo en el que viajaba Yoon cuando frenó a su llegada a la corte.
Yoon no habló con reporteros antes de la vista. Hasta el sábado por la mañana no estuvo claro si acudiría a la audiencia.
Los abogados se reunieron con Yoon en el centro de detención y el político aceptó el consejo de su equipo legal de comparecer en persona ante el juez, explicó Yoon Kab-keun, uno de los letrados. Según contó, el político tenía previsto alegar que el decreto fue un ejercicio legítimo de sus poderes y que las acusaciones de rebelión no prosperarían ante un tribunal penal o el Tribunal Constitucional, que está estudiando si lo destituye formalmente o lo restituye en el cargo.
Nueve personas, incluyendo el ministro de Defensa de Yoon, el jefe de la policía y varios comandantes militares de alto rango, han sido arrestados e imputados por sus papeles en la aplicación de la ley marcial.
La crisis comenzó cuando, en un intento de romper el estancamiento legislativo, Yoon impuso el gobierno militar y envió tropas a la Asamblea Nacional y a oficinas electorales. La situación duró apenas unas horas porque los legisladores lograron superar el cerco en la cámara y votaron a favor de retirar el decreto. La asamblea, controlada por la oposición, votó a favor de la apertura de un juicio político en su contra el 14 de diciembre.
Si la fiscalía acusa a Yoon de rebelión y abuso de poder, que son los cargos que están estudiando los investigadores, podría quedar bajo custodia hasta por seis meses antes del juicio.
Según la ley de Corea del Sur, organizar una rebelión es punible con cadena perpetua o pena de muerte.
Los abogados de Yoon han alegado que no es necesario detenerlo durante la pesquisa porque, según sostienen, no hay una amenaza de fuga o de destrucción de pruebas.
Los investigadores responden que Yoon ignoró varias solicitudes de comparecer para ser interrogado y que el servicio de seguridad presidencial bloqueó un intento de detención el 3 de enero. Su actitud desafiante ha suscitado preocupaciones sobre si cumpliría con los procedimientos judiciales penales si no está retenido.
