El exgobernador opositor de Venezuela, Andrés Velásquez, rechazó este viernes 17 de enero el llamado de Nicolás Maduro a una reforma constitucional, advirtiendo que la soberanía reside en el voto y que, según él, los ciudadanos exigen respeto a la Constitución vigente.
La declaración de Velásquez llega tras la reciente investidura de Maduro como presidente para el período 2025-2031, un mandato que, según la oposición, fue obtenido de manera cuestionada tras las elecciones del 28 de julio de 2024, en las cuales se proclama a Maduro como ganador sin presentar pruebas claras de su victoria.
A través de un mensaje en la red social X (anteriormente Twitter), Velásquez insistió en que “la soberanía reside en el voto, este es un principio constitucional inalterable”, y añadió que Maduro debe ser desalojado de la sede presidencial, Miraflores. Además, el líder opositor defendió la postura de que el triunfo del opositor Edmundo González Urrutia en los comicios de julio pasado fue legítimo y debe ser reconocido.
La respuesta de Velásquez se produjo después de que, el miércoles 15 de enero, Maduro anunciara la creación de una comisión nacional encabezada por el fiscal general, Tarek William Saab, con el propósito de iniciar un proceso de reforma constitucional. Según Maduro, esta reforma tiene como objetivo “ampliar la democracia” y redefinir el perfil de la sociedad venezolana. Como parte de su propuesta, el mandatario sugirió la creación de “comités de consulta constituyente” que involucren a todos los sectores del país, incluidos los migrantes venezolanos.
Maduro ya había dejado claro en diciembre de 2024 su intención de reformar la Constitución, mencionando que se había conformado un equipo de asesores nacionales e internacionales para trabajar en los posibles cambios al texto legal. La actual Constitución de Venezuela, redactada durante el gobierno de Hugo Chávez, fue aprobada en 1999 con un 71% de los votos, aunque en un contexto de alta abstención.
En 2017, el chavismo convocó una Asamblea Nacional Constituyente (ANC) con el fin de modificar la Constitución, pero este organismo no cumplió con su cometido de redactar una nueva Carta Magna, sino que asumió funciones legislativas y excluyó al Parlamento de mayoría opositora hasta su disolución en 2020.
