El abogado estadounidense de origen venezolano, John de la Vega, denunció este viernes haber recibido amenazas de muerte tras solicitar una investigación en Estados Unidos sobre Matías Lacava, hijo del gobernador de Carabobo, Rafael Lacava. Según De la Vega, los grupos que lo amenazan están relacionados con el oficialismo chavista y operan en Florida.
A través de un mensaje en su cuenta de Instagram, De la Vega compartió imágenes de carteles amenazantes encontrados en su propiedad, los cuales llevaban mensajes como «Lo que es con uno, es con todos. Furia Bolivariana». En su publicación, el abogado expresó su firme rechazo a la persecución política y aseguró que «Estados Unidos no tolera la persecución política». Además, indicó que estos actos de intimidación serán investigados y subrayó que ya se encontraba en contacto con las autoridades correspondientes, como la policía de Miami-Dade, el FBI y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
De la Vega, veterano del U.S. Army durante la guerra de Irak, hizo un llamado a sus seguidores para que compartieran cualquier información sobre los responsables de estos actos de hostigamiento. En su red social, también publicó un video donde se observan a varios individuos no identificados en las cercanías de su vivienda.
La denuncia de De la Vega se suma a una solicitud formal presentada el 13 de enero por un grupo de abogados venezolanos radicados en Estados Unidos, quienes pidieron al senador Marco Rubio, futuro jefe del Departamento de Seguridad Nacional en la administración de Donald Trump, que investigara a Matías Lacava. Lacava, quien es futbolista profesional, participará en un partido amistoso entre las selecciones de Venezuela y Estados Unidos programado para este 18 de enero en Fort Lauderdale, Florida.
El grupo de abogados ha solicitado tres medidas concretas al senador Rubio: una investigación exhaustiva sobre la solicitud de visa de Lacava, la revocación de los beneficios migratorios que se le pudieran haber otorgado y un fortalecimiento en los controles migratorios para evitar el ingreso al país de personas vinculadas con el gobierno de Nicolás Maduro.